No hay fecha de juicio señalada en el caso al que ya le han desestimado cargos y ahora le podrían eliminar evidencia.

En medio de constantes reclamos al gobierno para que reconozca prioridad a la violencia de género contra las mujeres, el caso de agresión sexual, maltrato y violación a la Ley de Ética contra el exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill García, siguen sin fecha de juicio y con varias controversias legales pendientes que amenazan con desangrarlo por mil tajitos.

El caso contra O’Neill comenzó en 2017 con una presentación de 11 cargos, de los cuales solo siete procedieron en la etapa de causa para arresto. Los cargos que prosperaron fueron cinco graves (de la Ley 54 en modalidad de maltrato y agresión sexual, la Ley de Ética Gubernamental por aprovechamiento de su posición para obtener beneficio sexual, y un artículo 144) además de los menos graves de exposición deshonesta y acoso sexual.

De estos, lo relativo a actos lascivos, y a la víctima Mayra Vázquez Santiago, quedó desestimado cuando el Tribunal Supremo rehusó entrar en una determinación de Apelaciones que lo desestimó por entender que estaba prescrito. Uno de los cargos de la Ley de Ética, relativo a la guardia municipal Yenetamie Díaz, está desde ayer sometido al Supremo para determinación de si sostiene o no, con argumentos influenciados por la decisión que el Alto Foro tomó en marzo de 2020 en el caso del exalcalde de Guayanilla, Edgardo Arlequín Vélez.

Además de la controversia pendiente en el Supremo, el proceso tuvo hoy una vista de estado de los procedimientos ante la jueza María Trigo Ferraiouli, quien tiene ante sí una solicitud de reconsideración sobre su determinación de no permitir que los fiscales de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) presenten ciertas evidencias al jurado.

Las partes esperan porque la jueza determine si los fiscales van a presentar evidencia de alegaciones que, aunque ya no existen en el caso como delitos separados, permanecen como hechos constitutivos del patrón de maltrato al que O’Neill sometió Díaz, según esta misma ha expuesto ya en una demanda civil a nivel federal que está pendiente de resolución y en la querella ante la Comisión de Igual Oportunidad de Empleo que desató el escándalo y la renuncia de O’Neill.

La prueba que los fiscales Miguel Ortiz y Leticia Pabón quieren presentar al jurado incluye el episodio en el que el exalcalde se masturbó en el escritorio de la mujer, y para lo cual hay una prueba genética que confirma que el semen pertenece a O’Neill, así como otros eventos de hostigamiento y maltrato laboral que son parte de las afirmaciones que Díaz ha hecho en otros foros. Se espera que esta controversia sobre la prueba excluida va a provocar otra línea de apelación que puede llegar al Supremo también, independientemente de por cuál lado caiga finalmente la decisión.

A solicitud de los fiscales, y tras el quebranto en llanto que mostró Díaz durante la vista preliminar, la mujer testificaría mediante el sistema de circuito cerrado, de manera que no esté en el mismo espacio que su agresor. En septiembre de 2019, las partes estipularon que la determinación final del testimonio dependería de una evaluación pericial sobre la capacidad de la testigo para hacer el proceso de manera presencial. Aunque no hay fecha de juicio establecida, y de que la evaluación pericial debería hacerse al momento más cercano del juicio, la jueza ordenó hoy que se tramitara la evaluación.

En cuanto a la controversia pendiente en el Supremo, ese foro se encuentra actualmente con una composición par debido a que permanece la vacante que dejó en diciembre pasado la jueza asociada Anabelle Rodríguez con su retiro. Sin embargo, la decisión de Arlequín Vélez que la OPFEI sostiene que le aplica a la controversia de O’Neill, fue emitida apenas el año pasado con votación unánime del foro.

NotiCel había adelantado la similitud porque, igual que argumenta la defensa de O’Neill, la del exalcalde de Guayanilla sostenía que lo que la Ley de Ética le prohibe a los funcionarios es usar su poder para obtener beneficios económicos, pero el Supremo resolvió que no, que de lo que se trata es de un beneficio «ilegal, tal como lo es un favor sexual no consentido, al acosar sexualmente a otra persona».

“Este caso tiene mucha litigación intensa”, resumió el abogado de defensa, Harry Padilla, hoy al salir de la vista de status.

A su lado, el expolítico dominante del PNP, quien tiene 75 años, dijo que pasa sus días viendo Netflix. Su juicio, por cierto, será televisado y, cuando sea que suceda, seguramente será una alternativa a Netflix para una parte de la ciudadanía.

Vea:

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