Para garantizar los derechos de las testigos

‘Le toca al Tribunal a hacer un balance entre los tres derechos que tenemos de frente’, señaló en sala la jueza Sariely Rosado Fernández, en referencia al derecho a la intimidad, al juicio público y a la libertad de prensa en el caso del exalcalde Hector O’Neill García.

El planteamiento de la magistrada sirvió de antesala para la fijación de una ‘vista de necesidad’ –pautada para el próximo 19 de marzo–, en la cual se dilucidará si las dos alegadas víctimas del exejecutivo municipal testificarían en público y ante las cámaras de televisión.

La nueva fecha surge luego de que el pasado 22 de febrero Rosado Fernández determinara no ha lugar la petición de los Fiscales Especiales Independientes (FEI) para someter declaraciones sin presencia de las cámaras por ‘la naturaleza sexual de algunos de los delitos imputados’.

En sala, durante lo que suponía ser la vista preliminar de O’Neill García, el fiscal Guillermo Garau Díaz argumentó que un testimonio público podría ‘revictimizar’ a las víctimas, en la medida en que las enfrentarían forzadamente a su agresor y las obligarían a revivir sucesos dolorosos y sensitivos ante una audiencia.

‘No es lo mismo que una víctima diga en privado ‘se masturbó, se limpió y le tiró pañuelo encima’, que hacerlo ante el País. […] Yo tengo que defender a esas dos víctimas’, exclamó Garau Díaz en su alocución que se extendió por unos 40 minutos.

El fiscal se aferró al derecho a la intimidad de sus testigos, y para sustentarlo aludió en repetidas ocasiones a otros procesos judiciales en que ese fue el marco de discusión junto al uso de la tecnología en sala.

Particularmente, mencionó un caso –atendido por la jueza Miriam Naveira en el 1986– en el Tribunal Supremo, donde se abordó el peligro de los aparatos digitales y su susceptibilidad a tergiversar los hechos.

‘Los derechos a la dignidad e integridad son derechos de la más alta jerarquía y deben protegerse’, citó Garau Díaz.

A esos fines, solicitó a la jueza Rosado Fernández que permitiera la contratación de una perito en delitos sexuales, quien podría comprobar el daño emocional que le haría a las víctimas denunciar a su agresor en público.

En su contraargumento, el abogado del exalcalde, Harry Padilla, tambien aludió a casos que sentaron precedente para defender el derecho de su representado a tener un juicio público y justo.

‘El fiscal vino a decirle ‘mire yo tengo dos testigos que van a declarar sobre un tema sensitivo, haga una vista privada’. Lo que el pide es una oportunidad, faltó que dijera ‘ay bendito juez, deme una oportunidad’. No procede’, aseguró Padilla en sala.

En esa línea, de acuerdo a Padilla, Fiscalía no solicitó una vista de necesidad con anticipación para delimitar el acceso de las cámaras y que su exposición en la mañana de hoy solo sirvió ‘para cubrir las deficiencias de su escrito’, en referencia a las justificaciones entregadas previo a la resolución del 22 de febrero.

Luego de un breve tira y jala entre ambos, la jueza Rosado Fernández solicitó que ambas partes –la defensa y los fiscales– se acercaran al estrado.

Además de Garau Díaz, la fiscal Leticia Pabón Ortiz completa el equipo que lleva el caso. De igual forma, el abogado Joaquín Monserrate tambien forma parte de la representación legal del exalcalde, pero hoy no se presentó.

Tras un receso de 15 minutos, la Jueza convocó a las partes al estrado nuevamente, esta vez para discutir fechas.

Así las cosas, anunciaron el 20 de marzo como la nueva fecha de la vista preliminar del caso, lo cual dejó sin efecto el calendario predeterminado. Asimismo, se supone que, al finalizar el día 19 ya la jueza debe haber llegado a una conclusión sobre el asunto de las cámaras.

Previo al careo entre las partes, y cuando los procesos parecían encaminarse a aquellos semejantes a una vista preliminar,Ffiscalía corroboró una lista de alrededor de 14 nombres de testigos que serían utilizados en el caso. Entre ellos se encuentran policías, medicos forenses y empleados municipales. Sin embargo, parte de ellos se encuentran fuera de la Isla, como en Texas y Orlando, y no pudieron presentarse.

O’Neill García enfrenta siete cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, a la Ley 54 que aborda la modalidad de maltrato y agresión sexual, además de un caso por acoso sexual en el empleo.

Del mismo modo, se encontró causa por una violación al Artículo 136 del Código Penal por exposición deshonesta, así como actos lascivos contra una de las víctimas.