Los vecinos de las comunidades de Altozano y Sonador, en San Sebastián, celebraron la decisión que tomó el Tribunal Supremo el pasado lunes de revocar los permisos que la compañía QMC Telecom había conseguido para construir una torre de telecomunicaciones, en un caso que llevaron junto al alcalde, Javier Jimenez Perez.

En mayoría simple, cuatro jueces esbozaron que la torre violenta los parámetros de seguridad establecidos por la Ley 89 e indican que esos argumentos precisamente fueron afirmados por la misma Junta Revisora en las vistas presentadas para la ratificación de los permisos.

La decisión se tomó luego de cuatro años de una lucha férrea, que provocó 21 arrestos debido a la desobediencia civil de los vecinos de las comunidades, así como un campamento de lucha que permaneció desde abril de 2011 hasta el presente.

‘La perseverancia y la lucha fueron elementos fundamentales para lograr tan importante victoria judicial, así como para ganar la solidaridad (del pueblo)’, lee el comunicado.

‘Era un ambiente cargado de tensiones y enfrentamientos contra una compañía que su único fin en nuestras comunidades era el generar ganancias económicas a costa de nuestra salud y seguridad’, mencionó el grupo.

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