El director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia (DJ), el fiscal Alberto Valcárcel, informó sobre el envío al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) del resultado de la investigación preliminar realizada por Justicia acerca de posibles actuaciones delictivas por parte de los alcaldes incumbentes de Toa Alta, Cataño y Corozal.

Valcárcel precisó que el referido no recomienda que el PFEI asigne un fiscal especial en este caso puesto que no se configura delito alguno por parte de José Rosario Meléndez (Cataño), Clemente Agosto Lugardo (Toa Alta) y Sergio Torres Torres (Corozal). Ahora corresponde que el PFEI evalúe el referido y determine si acoge o no la recomendación del Departamento de Justicia.

La querella investigada se refería a la participación de los alcaldes en la 13va Copa de Tiro, Policía Municipal de Cataño, celebrada el 16 de mayo de 2015.

‘Igual que en el caso de la anterior alcaldesa de Guayama, Glorimar Jaime, se evaluaron los elementos del Artículo 5.04 y 5.06 de la Ley de Armas del 2000, en virtud de la doctrina jurisprudencial sobre posesión incidental de un arma de fuego. En este caso, al igual que en el de la exalcaldesa, se determinó que los alcaldes de Toa Alta y Corozal, al utilizar el arma de fuego en una actividad celebrada en el polígono de la Policía en Isla de Cabra, poseyeron el arma de manera incidental como parte de una actividad legítima. En ninguno de los casos los alcaldes transportaron las armas ni tuvieron intención de cometer delitos con ellas. En cuanto al alcalde de Cataño, éste posee una licencia de armas como funcionario público’, explicó Valcárcel.

En la investigación similar contra la entonces alcaldesa de Guayama, Glorimar Jaime, por hechos acaecidos el 20 de mayo de 2010 como parte de la celebración de un torneo de tipo llamado Primera Copa Alcaldesa, se determinó que la funcionaria disparó un arma de fuego como parte del torneo. La investigación preliminar realizada por el Departamento de Justicia concluyó que no se configuró violación a la Ley de Armas por lo que no se recomendó la asignación de un fiscal especial. En aquella ocasión, el PFEI acogió la recomendación de Justicia.