El Gobierno argentino declaró la emergencia nacional durante dos años con el objetivo de reforzar la prevención y tratamiento de la drogadicción en un país en el que casi la mitad de los hogares percibió venta de drogas ilegales en 2015.

A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, se busca ‘atender al abordaje integral de las adicciones, teniendo como ejes su prevención y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática’.

Con la firma del presidente Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el texto del decreto apunta que debido al avance del narcotráfico ocurrido en las últimas décadas en Argentina, ‘se ha incrementado el consumo de drogas, lo que impacta en la salud de la ciudadanía’.

Esto se ha evidenciado en estudios como el Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones 2010-2015 de la Universidad Católica de Argentina (UCA) presentado el pasado junio, que reflejó que en los últimos años se produjo un ‘importante incremento’ del número de hogares que percibe tráfico de drogas ilegales en su barrio hasta alcanzar a casi la mitad de ellos.

Así, mientras en 2010 un 30.2 % daba cuenta de esta situación, en 2015 el porcentaje fue del 46.8 %, una problemática que afecta especialmente a los asentamientos informales de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, donde la venta de drogas creció un 20 % en cinco años hasta alcanzar el 48 % de los hogares.

Según la encuesta realizada por la UCA a 129,000 personas de entre 17 y 25 años de los espacios de ‘mayor segregación’, el 43.7 % consumió sustancias ilegales alguna vez en su vida y el 22.1 % lo hizo durante el último mes.

Por ello, el Gobierno instó a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) a que ‘elabore, ponga en vigencia, e implemente’ acciones destinadas a abordar la emergencia y pidió al resto de los organismos del Estado a colaborar con esta labor.

A finales del pasado año, el Ejecutivo ya declaró la ‘emergencia en el área de seguridad’ en todo el país con el objetivo de dotar a las fuerzas estatales de mecanismos para una lucha efectiva contra el delito, en particular el narcotráfico.