Manufactureros del país se encuentran con el agua al cuello tras los recientes cambios a la Ley 40, o ‘Ley de Redistribución y Ajuste de la Carga Contributiva’, que incluye ahora el cobro del IVU a los detallistas que compren propiedad mueble tangible, según había explicado anteriormente la secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta Febo.

Ante este golpe -que exime a los productos importados- un grupo de manufactureros de colchones, entre los que se encuentran las marcas Sealy, Simmons, Serta, Basset y un miembro representante de TGM Inc. han aunado esfuerzos para hacerle saber al gobierno el peligro que corren los manufactureros y fabricantes locales ante la desventaja en que se encuentran con respecto a los importadores.

‘Nuestra preocupación es que no hemos visto, no se comenta ni se menciona que la nueva ley de cobro del IVU nos obliga a nosotros, manufactureros en Puerto Rico, a cobrarle el IVU a los clientes nuestros, los detallistas. Sin embargo, los detallistas que pueden importar desde Estados Unidos o cualquier otro lado, no tienen que pagar el IVU (…) Si le vendes a un cliente $100,000 ó $200,000 ellos tienen que pagar $7,000 ó $14,000. Hay algunos clientes que han manifestado que van a reducir sus compras a los locales o que hasta no nos comprarán’, expresó preocupado el representante de la marca Sealy, que prefirió no ser identificado.

Otro de los comerciantes, en representación de TGM Inc., expresó preocupación tras entender que, de no cambiar el panorama, las pérdidas para los fabricantes locales se reflejarían casi de inmediato y que hay que tomar cartas en el asunto porque también corren riesgo los empleados de estas empresas y el resultado sería ‘desastroso’.

Para minimizar sus pérdidas, algunos miembros de este grupo han llegado a contemplar la opción de no seguir con el negocio de manufactura, sino de continuar operando pero en calidad de almacén, evitando de esta manera el cobro del IVU por estar trabajando directamente con importaciones. Otros no han descartado cesar operaciones.

‘Un escenario posible es que entonces yo convierta mis facilidades en almacén y que la facturación venga de Estados Unidos para evitar el IVU. Y entonces posiblemente en vez de tener 30 empleados de manufactura, tengo 5 de almacén para mover ese inventario’, expresó la representante de Simmons.

‘No podemos automatizar estas labores y necesitamos ayuda para que el gobierno comprenda que la labor de hacer colchones es manufactura, es un negocio que involucra personas. En este negocio nos están matando las importaciones’, sostuvo el representante de Serta.

En las empresas Sealy, Simmons, Serta y Bassett el número de empleados sobrepasa los 30, mientras que en TGM Inc. hay 14.

‘Tengo dos clientes que han dicho que ya no van a comprar, que de la República Dominicana les sale mejor. La gente que está comprando menos, ahora con esto, aprobado por el gobierno, nos va a perjudicar más a los locales’, sostuvo, mientras que expresaba preocupación porque gran parte de los pequeños comerciantes y fabricantes locales no están al tanto de lo que este nuevo reglamento implica para sus negocios y, por ende, no han tomado ningún tipo de acción.

No obstante, ellos no han frenado los intentos por comunicarse directamente con la secretaria de Hacienda, no sólo para discutir la situación, sino también para plantear algunas alternativas que no afecten directamente el producto local, pero pasan mucho tiempo esperando y no sucede nada. Lograron reunirse en la pasada semana con el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, el senador José Nadal Power, la senadora María de Lourdes Santiago, el licenciado Victor Pizarro y con el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda del Senado, José Orta.

‘Bhatia nos dijo que hay que proteger a los pocos locales que nos quedan, que iban a hablar con Hacienda. Nos dijeron que iban a evaluar y todo, pero hay que ver’, dijo el representante de TGM Inc.

Por otro lado, Jaime Morales, presidente de la Asociación Productos de Puerto Rico, se ha unido a los reclamos de los manufactureros y cree que es de vital importancia la respuesta inmediata del gobierno.

‘No se trata de excluir el producto importado, es promover un ‘level playing field’ y asegurarse de que las condiciones sean iguales para el producto local y para el importado. Yo sé que Hacienda está buscando dinero hasta debajo de las piedras, pero no pueden perjudicar al producto local así’, puntualizó.

También hizo énfasis en la necesidad de que ni siquiera se contemple el financiamiento que tendrían que llevar a cabo los manufactureros para poder cumplir con los pagos del IVU, pues los detallistas pagan a plazos que van de 60 a 90 y a veces hasta 120 días. Este hecho haría que los manufactureros enfrenten problemas de efectivo pues al gobierno hay que pagarle el IVU a los 10 días de realizadas las transacciones.

‘Se les olvidó que ese producto local ya parte de una base productiva con unos costos más altos, se les olvidó que hay que llevarlo a competir. Obviamente no les puedes imponer entonces la responsabilidad ahora de cobrar IVU y financiar en lo que pagan’, sostuvo.

La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) ya ha manifestado su interés en apoyar la gestión de los manufactureros.

‘Como asociación estamos activamente involucrados en esto y estamos seguros de que no estamos solos’ finalizó.

Los representantes de las distintas marcas de colchones pidieron mantenerse en el anonimato, por eso no se divulgaron sus nombres en este artículo.