El Departamento de Justicia se encuentra investigando la controvertible subasta hecha por la pasada administración, y completada por la nueva administración, para una nueva serie de libros de español de escuela superior ante denuncias hechas por una de las casas editoriales que no fue favorecida durante la licitación.

El fiscal Alberto Varcárcel, de la División de Integridad Pública, es la persona a cargo de la investigación solicitada por Patricia Gutiérrez, dueña de la Editorial Plaza Mayor, quien acusó al Departamento de Educación de incurrir violaciones de ley durante el proceso de subasta.

‘El 25 de octubre el Secretario de Justicia informa por escrito que la investigación había sido referida a la división de integridad pública a la atención de Alberto Varcarcel. Estoy muy contenta,’ dijo Gutierrez. La Oficina del Contralor acepto la querella de Gutiérrez el 13 de junio que alega se violentaron los reglamentos de subasta y compras.

La Compañía de Fomento de Industrial también investiga la subasta porque la Junta de Inversión vela porque se siga la Ley de Inversión en la Industria Puertorriqueña del 2004. Gutiérrez alega que al ser una subasta de más de $50,000, Educación tenía que pedir precio a los licitadores, algo que no hizo.

Ediciones Santillana fue la compañía que ganó la buena pro de la subasta, la cual fue cuestionada por Gutiérrez sin éxito en un proceso que llegó hasta el Tribunal Supremo.

La subasta ha desembocado en una demanda civil por difamación y daños radicada contra Plaza Mayor por Santillana en la que pide que el Tribunal ordene a Gutiérrez abstenerse de hacer declaraciones contra la casa de libros.

Santillana alega en su demanda que luego de haber ganado la subasta para la nueva serie de libros de español de escuela superior, Gutiérrez se dedicó a lacerar la buena reputación de Santillana al cuestionar la legalidad del proceso de compras hecho por el departamento.

Como parte de la demanda, Ediciones Santillana solicitó un interdicto preliminar y permanente para que se le ordene a Gutiérrez que se abstenga de hacer declaraciones difamatorias contra la casa editorial.

El miércoles en la vista de interdicto, la jueza superior Giselle Romero les dio a los demandantes hasta el 26 de noviembre para presentar sus argumentaciones por escrito en contra de la moción de Plaza Mayor en oposición al interdicto.

Plaza Mayor alega que nunca ha hecho expresiones en contra de Santillana sino en contra del proceso de subasta. Además, alega que emitir el interdicto solicitado por Santillana ‘sería el equivalente a imponerle una censura previa’ a Gutiérrez en violación a su derecho constitucional a la libre expresión.

Gutiérrez hace meses criticó al secretario de Educación, Rafael Román, de hacerse cómplice de ‘un acto de corrupción’ llevado a cabo por la pasada administración ante su negativa de no querer investigar la subasta ni de permitir acceso al expediente de la misma en violación a la ley.

Santillana alegó en su demanda que además de difamar a la compañía en los medios, Gutiérrez preparo un cuaderno para la Convención de Colegios Privados que tuvo lugar en febrero que se titulaba Crónica de una Serie Ganadora mediante el cual se recopilaron artículos de prensa que reseñaron la alegada irregularidad en la subasta de libros.

Santillana solicita $8 millones en daños al alegar que Plaza Mayor interfirió con su relación contractual con Educación y afectó su reputación.

No obstante, en el tribunal Santillana admitió que todavía mantiene su relación contractual con la agencia y no pudo especificar los daños que ha sufrido.