Seis de los nueve integrantes del Tribunal Supremo rechazaron directamente haber recibido acercamientos extrajudiciales sobre el caso que tienen pendiente en el que el gobierno de Puerto Rico reclama la anulación de la extensión del contrato de operación de la red eléctrica que el propio gobierno ejecutó en 2022 con el consorcio Luma Energy LLC.

La demanda es la apuesta de la Administración González Colón para cumplir su campaña electoral de quitarle a Luma el control del sistema de transmisión y distribución, una postura que usó tanto en la primaria contra el exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia como en las elecciones generales.

En su más reciente expresión formal en el caso, el Supremo emitió una resolución el 20 de octubre pasado, en la que no se hacen constar votos disidentes y en la que consignan que las partes no deben someter más escritos porque ya consideran el caso sometido.

Pero este martes pasado, el comentarista y abogado Eddie López Serrano, aseguró en su programa televisivo que “la gobernadora ella misma (está) levantando el teléfono para hacer ofertas adelantadas de Black Friday nada más y nada menos alegadamente que a jueces del Tribunal Supremo para que cambien su voto y anulen el contrato de Luma… se le ofreció a uno darle una promoción y ascenso o una renominación a un a pareja suya y a otro a través de un familiar alegadamente ofrecerle contratos de gobierno y alegadamente, vuelvo y repito, está la gobernadora directamente haciendo ese ofrecimiento”.

El miércoles, a través de la Oficina de Prensa del Poder Judicial, NotiCel planteó estas preguntas a cada uno de los nueve miembros del pleno:

-¿Alguien los ha contactado directamente, aparte de los escritos oficiales de las partes, sobre el caso que atiende la alegación de nulidad del contrato de Luma? Si sí, ¿quiénes, cómo, qué les plantearon y qué le respondieron?

-¿Alguien los ha contactado directamente para algún otro caso en la forma en que describe la pregunta anterior? Si sí, ¿en qué casos, quiénes, cómo, qué les plantearon y qué le respondieron?

Al pleno, como cuerpo colegiado, se le preguntó también:

-¿Qué pueden divulgar sobre el estado de ese caso de Luma al día de hoy? ¿Han discutido las inclinaciones de los miembros del pleno sobre la controversia? ¿Está asignada la redacción de una opinión mayoritaria? ¿Se han intercambiado borradores de más de una opinión?

Las respuesta de los integrantes del Alto Foro fueron:

– Jueza Presidenta Maite D. Oronoz Rodríguez y jueces asociados Rafael Martínez Torres, Luis F. Estrella Martínez, Ángel Colón Pérez, Camille Rivera Pérez y Raúl Candelario López

“No ha recibido acercamiento alguno de manera extrajudicial por cualquier parte interesada en el caso activo entre el gobierno y Luma Energy o por cualquier parte interesada en algún otro caso ante su consideración”.

Además, por separado, Oronoz Rodríguez dijo que la independencia judicial es “una responsabilidad individual e irrenunciable de cada persona que viste la toga”. “Confío en que los jueces y las juezas que integran nuestro Tribunal Supremo cumplen y continuarán cumpliendo fielmente con ese deber, resolviendo las controversias ante su consideración con la imparcialidad, independencia e integridad que exige su función. La toga no responde a presiones ni a intereses particulares. Responde únicamente a la Constitución, a las leyes y a la obligación de impartir justicia con absoluta independencia”, añadió.

-Juez asociado Erick Kolthoff Caraballo

“Desea hacer constar que no encuentra necesario hacer más expresiones en esta situación que no sean que se hace eco de las expresiones de la señora Jueza Presidenta”.

-Juez asociado Roberto Feliberti Cintrón

“Como ha sido su práctica habitual, se abstiene de emitir expresiones extrajudiciales sobre los asuntos ante su consideración y mantendrá esa postura”.

-Jueza asociada Mildred Pabón Charneco

“Conforme a la práctica que ha mantenido durante su trayectoria judicial, tampoco emite expresiones extrajudiciales sobre los asuntos ante su consideración”.

En cuanto al estado del trámite del caso, la Oficina de Prensa contestó que “permanecen activos ante el Tribunal Supremo y se atienden con la diligencia que amerita, tomando en consideración los planteamientos de las partes y la complejidad de las controversias presentadas”. “Por tratarse de un asunto judicial pendiente, el Poder Judicial no ofrece detalles sobre las deliberaciones internas del Tribunal”, dijeron también.

Por su parte, Estrella Martínez aportó sobre esto que “Las partes han tenido oportunidad de someter sus alegatos y nos encontramos ante un caso perfeccionado, cuyo dictamen espero pueda anunciarse con la celeridad que amerita este asunto de alto interés público”.

A las alegaciones de López Serrano le siguió un comunicado de la presidenta de Luma, Janisse Quiñones, en la que se expresó “sumamente” preocupada y pidió una investigación.

“Por respeto al Tribunal Supremo, a las partes involucradas y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico, estas alegaciones exigen una investigación inmediata, rigurosa y transparente. Los puertorriqueños merecen conocer la verdad y tener la certeza de que ninguna persona, organización o interés político está por encima de la ley. Lo que está en juego no es un caso en particular, sino la confianza de nuestro pueblo en la imparcialidad de la justicia y en la fortaleza de las instituciones que sostienen nuestra democracia. Cuando surgen dudas de esta magnitud, la única respuesta aceptable es la verdad”, dijo.

El otro objeto de las imputaciones, la gobernadora Jenniffer González Colón, también reaccionó el miércoles negando haber hecho esas intervenciones y apuntando que los que hacen las intervenciones son los abogados de Luma que son exjueces del Supremo.

“Vamos a ver quiénes son los abogados de Luma en el caso. Son los ex jueces del Supremo, Edgardo Rivera, que también trabaja para el Senado de Puerto Rico. Son el ex juez (Federico) Hernández Denton, también abogado de Luma, D.L.A. Piper, (Frank) Torres Viada, distintos bufetes llevando el caso de Luma, a lo que tienen perfecto derecho”, expresó González Colón durante una conferencia de prensa.

Otro abogado de Luma es José Andreu Fuentes, hijo del expresidente del Supremo, José Andreu García.

“Si alguien tiene intromisiones en el Tribunal Supremo, son los pasados jueces del Tribunal Supremo. Yo no tengo ninguna intervención con ningún juez. Yo no hago eso. Así que son totalmente falsas las aseveraciones que se hacen o las imputaciones que se pretenden hacer”, sostuvo la mandataria, que recién convirtió en ley la reforma judicial que da al pleno del Supremo todos los poderes de administración de ese poder constitucional que hasta ahora eran facultad exclusiva de la jueza presidenta.

González Colón también emplazó a Quiñones a que “publique toda la gente que paga en cabilderos, toda la gente que paga en comentaristas. Cuánto invierten en los medios de comunicación, en opinión pública, en hacer los cortometrajes, los anuncios”.

El Supremo aceptó atender el caso por la vía rápida de la certificación el 5 de agosto pasado mediante una resolución en la que pidieron al gobierno “abundar con precisión sobre los remedios o el proceso de transición que tendría lugar en caso de prevalecer en su contención”.

En esa resolución, tres jueces votaron en contra de darle el tratamiento expedito a la controversia, Oronoz Rodríguez, Colón Pérez y Kolthoff Caraballo.