El senador Carmelo Ríos aseguró que los problemas de implantación han provocado el atraso de la salida del monitor federal en Educación.

Los atrasos en pagos y procesamientos de facturas que sufren los suplidores del gobierno desde verano pasado con la implementación de un sistema de “enterprise resource planning” (ERP), conocido como ÍntegraPR, son normales y pueden seguir reflejándose incluso hasta el verano que viene, opinó el consultor del gobierno para ese proceso.

En una vista senatorial, Alberto Cordero Cerezo, de E3 Consulting, defendió que la cantidad de situaciones que ha provocado esa implementación desde que comenzó el 1 de julio pasado ha bajado de mes a mes. Dijo que, para el cierre de octubre, más del 90 % de los usuarios había recibido algún tipo de capacitación y el 90 % de los suplidores estaba registrado. Y que, entre julio y octubre, la cantidad de pagos aumentó más de 600 % y la de suplidores pagados, más de 150 %.

El ERP, o ÍntegraPR, pretende poner bajo un mimo programa electrónico todo el proceso financiero del gobierno, incluyendo contratistas, nómina y presupuesto, con la intención de que haya visibilidad precisa y en tiempo real de las finanzas públicas.

“No veo esto diferente de cualquier proceso de estabilización de cualquier compañía que esté implementando un ERP”, dijo, para luego recibir la riposta de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, de que no es lo mismo el gobierno a una compañía porque con la compañía no hay niños que se quedan sin transportación a la escuela por falta de pagos.

De hecho, el presidente de la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus, senador Carmelo Ríos Santiago, indicó en la vista que la implementación de ÍntegraPR provocó que se atrasara el cese de funciones del monitor financiero Álvarez & Marsal, que está en el Departamento de Educación como una condición a la asignación de fondos federales. La posposición de la salida del monitor, que estaba pautada para este mes, costará $4 millones, añadió.

“Somos solo asesoría, para nada configuramos (programas)”, aseguró Cordero Cerezo para definir el rol de su compañía en el proceso como estrictamente de asesoría al gobierno, dejando la responsabilidad de implementación en manos de Deloitte Consulting LLP, a quien se le ha enmendado su contrato 13 veces desde 2022. El acuerdo tiene un valor de $73.1 millones. La empresa estaba citada para la vista del lunes, pero no compareció, siendo citada otra vez para el jueves próximo. En su función de consultor, E3 participó en la selección de Deloitte y en la revisión de sus acuerdos con el gobierno. Desde 2019 hasta agosto pasado, la hija de Cordero Cerezo aparece como empleada de Deloitte, aunque no ha surgido información de que haya intervenido en el proyecto de ÍntegraPR.

“El liderazgo de La Fortaleza fue lo que logró que se fuera en vivo en julio 1”, planteó Cordero Cerezo al resumir la marcha que tuvo el proyecto desde la Administración Pierluisi hasta ahora. La gobernadora adjudicó la inauguración del sistema a la intervención de sus exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, y subsecretaria de la Gobernación, Itza García Rodríguez. Ambos renunciaron y están bajo investigación criminal por asuntos que, hasta ahora, no tienen que ver con ÍntegraPR. A García Rodríguez el gobierno le canceló la semana pasada un contrato que le habían extendido en la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que continuara trabajando con este programa.

A preguntas de Ríos Santiago, el deponente dijo el lunes que la contratación de E3 como asesor fue sin proceso de competencia, por su “trayectoria”. La empresa acumula $43.7 millones en contratos públicos desde 2017, aunque Cordero Cerezo hizo proyectos públicos desde antes bajo otras entidades corporativas. Uno de los proyectos públicos fue asesorar al gobierno sobre el Single Business Portal, la plataforma de registro de permisos. Tras asesorar, E3 compitió para implementar el proyecto, pero fue evaluada negativamente. Cordero Cerezo y su esposa, también ejecutiva de E3, aparecen como donantes de los exgobernadores Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló, el Partido Nuevo Progresista, la gobernadora Jenniffer González Colón, y los alcaldes Miguel Romero, de San Juan, y Julio Roldán, de Aguadilla, pueblo de donde es oriundo el ejecutivo.

Cordero Cerezo confirmó que su empresa está “apoyando” en dos partes de la implementación que se le quitaron al contrato de Deloitte, adiestramiento de empleados y coordinación con las agencias. Dijo que fue la prerrogativa del gobierno hacer ese cambio al contrato, aunque asesorar al gobierno sobre el ámbito de trabajo con Deloitte es su función en el proyecto. El registro de contratos refleja que OGP enmendó su contrato con E3 el 6 de agosto pasado, un mes después de que inaugurara ÍntegraPR, para añadirle estas funciones y casi duplicarle el valor del contrato, llevándolo a $8.6 millones.

Anticipó que el gobierno no va a expandir ÍntegraPR al procesamiento de nómina en las agencias a principios de 2027, como lo tenía previsto, sino que será más adelante en ese año.

La implantación de un ERP es un proyecto promovido también por la Junta de Control Fiscal, que recientemente limitó la extensión del contrato de Deloitte con una orden de que las destrezas y funciones de seguimiento a la inauguración del sistema que ellos estaban haciendo deben pasar a los gerentes y empleados públicos que manejarán ÍntegraPR en adelante.