La medida propone una jornada de 32 horas semanales, distribuida en cuatro días de ocho horas. Tomando como base las 37.5 horas semanales, la diferencia sería de cinco horas y media, sin reducción de salario.

El representante Joel Franqui Atiles presentó un proyecto de ley para establecer una jornada laboral de hasta 32 horas semanales, distribuidas en cuatro días de un máximo de ocho horas, manteniendo íntegramente el salario de los empleados públicos y requiriendo planes operacionales que aseguren la continuidad y calidad de los servicios a la ciudadanía.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1459.

“Nuestros servidores públicos enfrentan diariamente el impacto del costo de vida. Esta propuesta busca que su dinero rinda más, que puedan compartir más tiempo con sus familias y que el Gobierno aproveche mejor sus recursos. Con una buena planificación, metas claras y una mejor distribución de tareas, podríamos aumentar la productividad y reducir gastos”, expresó Franqui Atiles.

“En momentos en que las limitaciones fiscales impiden al Gobierno conceder aumentos salariales que compensen el impacto de la inflación, esta propuesta ofrece una alternativa justa y viable para aliviar a nuestros servidores públicos. Mantener su salario y reducir los gastos asociados a un día de traslado al trabajo puede ayudar a que su dinero rinda más. La medida está diseñada para implantarse sin aumentar el gasto público y procura ese alivio sin afectar negativamente las arcas del Gobierno”, manifestó Franqui Atiles.

El legislador aclaró que su intención es que la jornada reducida aplique a los empleados sujetos a la Ley 8 y que queden fuera de esa reducción quienes trabajan en áreas críticas como manejo de emergencias, seguridad y salud. En esos servicios se preservarían los esquemas de trabajo y la disponibilidad del personal necesarios para atender al pueblo.

Como mecanismo para alcanzar estos objetivos, la medida propone una jornada de 32 horas semanales, distribuida en cuatro días de ocho horas. Tomando como base las 37.5 horas semanales, la diferencia sería de cinco horas y media, sin reducción de salario. Para los empleados acogidos a este esquema, un día menos de traslado podría representar economías en gasolina y transportación. Las oportunidades de ahorro operacional dependerían de cómo cada agencia organice sus turnos, espacios y recursos.

“La productividad debe reflejarse en los servicios que se completan, los trámites que se resuelven y la calidad de la atención que recibe el ciudadano. Queremos aprovechar esta reorganización para revisar procesos, reducir tiempos improductivos y procurar mejores resultados con los recursos disponibles”, sostuvo.

El proyecto requiere planes operacionales con rotación de horarios, organización de turnos y asignación de personal para garantizar la continuidad y calidad de los servicios públicos. Además, permite establecer una jornada semanal mayor cuando las necesidades del servicio lo requieran, sin exceder ocho horas diarias.

“Por ejemplo, un grupo de empleados podría trabajar ocho horas diarias de lunes a jueves y otro de martes a viernes. Ambos completarían 32 horas semanales y la agencia podría mantener la atención al público de lunes a viernes. Cada dependencia tendría que distribuir el personal según la demanda de servicios, asegurando cobertura suficiente todos los días”, explicó Franqui Atiles.

La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico coordinaría la implantación. La medida contempla programas piloto o fases de prueba para evaluar la eficiencia, el impacto operacional y la compatibilidad fiscal, y efectuar los ajustes necesarios.

“Esta propuesta se enfoca en los empleados a quienes aplica la Ley 8. En manejo de emergencias, seguridad y salud, la prioridad es mantener el personal y los turnos necesarios para atender al pueblo. La reorganización tiene que responder a la naturaleza de cada función y proteger esos servicios críticos”, puntualizó Franqui Atiles.

La legislación dispone que la implementación no represente un aumento en gastos y sea compatible con el Plan Fiscal certificado. También protege la compensación salarial vigente de los empleados públicos.

“Una reducción moderada de horas, acompañada de una administración efectiva, podría traducirse en mayor productividad, menos gastos y más tiempo para la familia. Ese es el objetivo: que nuestros servidores públicos y la ciudadanía se beneficien de un Gobierno que organice mejor su trabajo”, concluyó.