Las medidas de la senadora Wandy Soto Tolentino crearían un sistema interagencial para dar seguimiento a los referidos y permitirían extender hasta 30 días la retención provisional de fondos bajo sospecha de explotación financiera.

La senadora Wandy Soto Tolentino, presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos, presentó dos medidas legislativas dirigidas a fortalecer la respuesta gubernamental ante casos de explotación financiera de adultos mayores y personas con impedimentos.

Los Proyectos del Senado 1477 y 1478 buscan atender dos de los principales problemas identificados durante una investigación legislativa: la falta de coordinación entre las agencias que reciben los referidos y el riesgo de que los fondos de una posible víctima sean retirados o transferidos antes de que las autoridades puedan intervenir.

La propuesta surge luego de los trabajos realizados bajo la Resolución del Senado 75, que incluyeron vistas públicas, reuniones con agencias gubernamentales y representantes de instituciones financieras y una mesa redonda multisectorial. Durante las vistas, el Departamento de la Familia informó que en el año fiscal 2025 se registraron 911 referidos por explotación financiera, en comparación con ocho reportados en 2010.

El P. del S. 1477 establecería la “Ley del Sistema Uniforme de Casos de Explotación Financiera”, mediante la creación de un número único para cada caso y un registro interagencial que permita identificar las entidades que intervienen, conocer el estado de cada referido y documentar las acciones realizadas.

Según la propuesta, el sistema busca evitar la duplicidad de entrevistas, requerimientos e investigaciones y facilitar que cada caso sea referido con mayor rapidez a la agencia con competencia para intervenir. También permitiría preservar evidencia y generar estadísticas uniformes sobre la respuesta gubernamental.

La medida asignaría a PRITS el desarrollo y administración tecnológica del sistema, mientras que cada agencia mantendría las facultades que le corresponden bajo la ley. El mecanismo tampoco sustituiría la Línea Dorada ni los procedimientos existentes para presentar querellas, sino que funcionaría como una herramienta de coordinación y seguimiento.

Mientras, el P. del S. 1478 propone atender el riesgo de que el dinero de una posible víctima desaparezca antes de que concluya una investigación.

La medida aumentaría de 15 a un máximo de 30 días calendario el periodo inicial durante el cual podría mantenerse provisionalmente retenido un desembolso cuando exista conocimiento o sospecha razonable de explotación financiera. La agencia que atienda el caso podría solicitar, por escrito y con justificación, una extensión adicional de hasta 30 días.

Cualquier retención que exceda un total de 60 días requeriría una orden judicial. La propuesta también mantiene mecanismos para proteger los derechos de los titulares de las cuentas, quienes podrían acudir en cualquier momento al Tribunal de Primera Instancia para solicitar la revisión de la necesidad, alcance o duración de la retención.

La investigación legislativa incluyó la participación del Departamento de la Familia, Departamento de Justicia, Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, Departamento de Seguridad Pública y Policía de Puerto Rico, entre otras entidades. Los trabajos identificaron asuntos relacionados con los recursos disponibles, la confidencialidad, la comunicación interagencial, la educación pública y la coordinación en el manejo de los referidos.

Como parte de ese proceso, en marzo de 2026 Soto Tolentino convocó una mesa redonda multisectorial en la que participaron la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Dra. Yolanda Varela, la Asociación de Bancos de Puerto Rico, AARP Puerto Rico, representantes de instituciones de cuidado prolongado y funcionarios de los departamentos de Familia, Justicia y la Policía, además de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

Soto Tolentino destacó que la explotación financiera frecuentemente ocurre dentro del círculo de confianza de las víctimas e involucra a familiares, cuidadores o personas allegadas.

“Detrás de cada caso de explotación financiera puede haber un adulto mayor que perdió los ahorros de toda una vida, su pensión o el dinero que necesita para sus medicamentos, alimentos o vivienda”, sostuvo la senadora.

Añadió que los trabajos legislativos permitieron identificar deficiencias en el manejo de estos casos y convertir esos hallazgos en propuestas dirigidas a mejorar la coordinación entre las agencias y evitar que el tiempo juegue en contra de las víctimas.

“No podemos permitir que una víctima tenga que contar la misma historia una y otra vez mientras su caso pasa de una agencia a otra, ni que la burocracia le dé tiempo a un explotador sin escrúpulos a desaparecer el dinero”, afirmó Soto Tolentino.