Son pocas las instituciones que tienen una responsabilidad tan vital como tiene la judicatura.

Las expresiones vertidas no representan la postura institucional del Poder Judicial conforme dispone el Canon 24 de Ética Judicial y son compartidas en estricto apego y a la facultad conferida por el Canon 25 de Ética Judicial a la Presidenta de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura.

Ostentamos el privilegio de vivir en una sociedad democrática y por ello, son pocas las instituciones que tienen una responsabilidad tan vital como tiene la judicatura.

Y es que en las salas de los tribunales no solamente se resuelven controversias entre partes. En ellas se protegen también derechos, se interpreta la ley, se atienden conflictos que afectan la vida de las personas y, en muchas ocasiones, se toman también decisiones que tienen profundas consecuencias para las familias y para la sociedad en general. La función judicial, por tanto, trasciende la resolución de un caso particular: es uno de los pilares sobre los cuales descansa la democracia.

La judicatura puertorriqueña ejerce esa responsabilidad dentro de un marco constitucional que reconoce la independencia judicial como elemento esencial de la separación de poderes. Esa independencia no constituye un privilegio de quienes ostentan el privilegio y la responsabilidad de vestir la toga. Es una garantía para la ciudadanía. Como hemos señalado anteriormente, significa que las determinaciones judiciales deben emitirse siempre conforme al Derecho y a la prueba, sin responder nunca a presiones políticas, económicas, mediáticas o de cualquier otra naturaleza. Sin duda,una judicatura independiente protege por igual a quien tiene poder y a quien no lo tiene; a quien reclama y a quien se defiende; a quien es mayoría y a quien forma parte de una minoría.

Sin embargo, independencia judicial no significa aislamiento. Por el contrario, exige una judicatura profundamente consciente de su responsabilidad frente a la comunidad a la que sirve. Y es que el juez y la jueza deben escuchar, estudiar, razonar y decidir con imparcialidad, pero también comprender la realidad humana que llega diariamente a cada sala. Nunca se puede olvidar que, detrás de cada expediente, hay personas, familias, víctimas, menores, personas adultas mayores, y que todas ellas depositan en el sistema de justicia una de sus mayores expresiones de confianza: la expectativa de ser escuchadas y tratadas con dignidad.

Esa confianza pública se construye, además, mediante la integridad personal y profesional de quienes ejercen la función judicial. Porque la toga no convierte al juez o a la jueza en una persona ajena a la sociedad. Por el contrario, constituye una responsabilidad extraordinaria. Quien la viste ha asumido el deber de actuar con rectitud, imparcialidad, prudencia y respeto por los derechos de todas las personas. Precisamente por la naturaleza de esa encomienda, la judicatura está sujeta a cánones éticos y a exigencias profesionales muy particulares. Y es que la autoridad que se ejerce desde el estrado únicamente puede conservar su legitimidad cuando viene acompañada de un alto sentido de responsabilidad.

En ese contexto surge la importancia de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. Desde su creación, allá para 1978, la Asociación ha procurado promover una administración de justicia más eficiente y fortalecer los vínculos profesionales entre quienes integran la judicatura puertorriqueña. Su razón de ser constituye un espacio de encuentro, reflexión, capacitación y expresión colectiva sobre asuntos que inciden en la judicatura y en la administración de la justicia.

Una de las responsabilidades fundamentales de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura es contribuir a la defensa de la independencia judicial. Hacerlo no significa defender personas o resultados específicos. Significa, más bien, defender el principio de que cada juez y cada jueza debe poder ejercer su función constitucional con libertad de criterio, sujeto o sujeta únicamente a la Constitución, la ley, la prueba y los principios éticos que rigen el ejercicio de esa función. También significa promover las condiciones que permitan que esa función pueda ejercerse adecuadamente y con la dignidad que merece.

La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura también procura mirar hacia el futuro ante los desafíos que enfrenta como parte integral de la sociedad. Siendo que los constantes avances en la tecnología, la llegada de la inteligencia artificial, los cambios sociales, los retos de las relaciones familiares e interpersonales y las necesidades particulares de las poblaciones vulnerables plantean interrogantes que requieren una judicatura preparada y en constante aprendizaje. El diálogo continuo entre jueces y juezas, la educación judicial y el intercambio de experiencias permiten identificar retos y explorar soluciones que fortalezcan nuestro sistema de justicia. Por ello, la vinculación de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura con organizaciones nacionales e internacionales que agrupan jueces y magistrados amplía, además, ese horizonte y permite conocer experiencias de otras jurisdicciones que promuevan alcanzar el más alto nivel de conocimiento para fortalecer la función judicial.

Puerto Rico cuenta con una judicatura independiente, íntegra, preparada y consciente de que su autoridad está cimentada en la confianza que la sociedad deposita en ella. Pero también necesita que esa judicatura pueda expresarse institucionalmente sobre aquellos asuntos que afectan el ejercicio de su función, siempre dentro de los límites éticos que corresponden y que sus miembros reconocen.

La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura aspira precisamente a formar siempre parte de ese proceso de diálogo. No para colocarse por encima de la institución del Poder Judicial, sino para servirle mejor. No para reclamar privilegios, sino para recordar que la independencia judicial es una garantía ciudadana. Y no para cerrar las puertas de la justicia, sino para contribuir a que permanezcan abiertas, accesibles y dignas para todos y todas.

Porque al final, defender la judicatura no es defender a los jueces y juezas como individuos. Es defender la institución que permite que, frente a una controversia, exista un espacio donde la ley pueda hablar con independencia, la evidencia pueda ser escuchada y toda persona cuente con la oportunidad de ser tratada con justicia.