Una deponente señaló que la carga de $15.50 por barril equivale matemáticamente a unos 36.9 centavos por galón para los productos sujetos a todos sus componentes. Los recaudos del impuesto va al Fondo General.

El Departamento de Hacienda advirtió el martes que eliminar el arbitrio al petróleo conocido como la “crudita” no garantiza que el consumidor reciba una reducción de 36.9 centavos por galón, mientras la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) sostuvo que esos recaudos ahora forman parte de los ingresos recurrentes del Fondo General.

“La carga de $15.50 por barril equivale matemáticamente a unos 36.9 centavos por galón para los productos sujetos a todos sus componentes”, indicó Yoadis Rodríguez Berríos, en representación de Hacienda, durante una vista pública de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado.

Rodríguez Berríos sostuvo, sin embargo, que la eliminación del arbitrio no significa que esa cantidad se reflejará automáticamente en el precio que paga el consumidor.

El ahorro “dependería de las condiciones del mercado, los costos de transporte y distribución y cuánto de la reducción se traslade al consumidor”, expresó.

La Comisión, presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, inició el examen de la Resolución del Senado 461, del senador Wilmer Reyes Berríos, que ordena investigar la “crudita”, su impacto económico y su relación con las obligaciones fiscales del Gobierno.

Hacienda explicó que los recaudos que históricamente estuvieron vinculados a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) ahora ingresan al Fondo General y ayudan a sufragar servicios gubernamentales.

“Los recaudos vinculados históricamente a la Autoridad de Carreteras y Transportación y a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura actualmente forman parte de los ingresos recurrentes del Fondo General y contribuyen a financiar servicios esenciales”, sostuvo Rodríguez Berríos.

La agencia informó que la partida de Productos del Petróleo registró aproximadamente $466.7 millones durante el año fiscal 2026, pero advirtió que esa cantidad incluye otros recaudos sobre gasolina y diésel y no representa exclusivamente los ingresos de la “crudita”.

AAFAF sostuvo que el arbitrio dejó de tener como único propósito el financiamiento de la ACT o de infraestructura vial y desde 2024 forma parte de los recursos utilizados para financiar el presupuesto general.

“Bajo el marco vigente, el arbitrio base y la crudita ya no debe analizarse únicamente como una fuente de ingresos asociados a la ACT o infraestructura vial”, expresó Enrique Guzmán Matos, de AAFAF.

Según la agencia fiscal, los recaudos por el arbitrio base y la “crudita” representaron en promedio 4.09 por ciento de los ingresos del Fondo General durante los años fiscales 2024 y 2025, con 590 millones y $558 millones, respectivamente.

Guzmán Matos indicó además que el Plan Fiscal proyecta $507 millones anuales para los años fiscales 2027 y 2028 en la partida consolidada relacionada con estos recaudos.

El senador Reyes Berríos planteó que una reducción en gastos de contratación gubernamental pudiera utilizarse para compensar parte de los ingresos si eventualmente se reduce el arbitrio.

“Yo no vengo aquí para seguir diciendo no se puede. Nosotros somos el gobierno, siempre le hemos bajado las contribuciones a nuestra gente y ya lo logramos quitando el impuesto al inventario a los medicamentos. Esto yo creo que es posible si lo seguimos mirando”, expresó Reyes Berríos.

El legislador reconoció que un cambio no podría realizarse de inmediato, pero favoreció una evaluación gradual dirigida a reducir la carga contributiva.

AAFAF sostuvo que cualquier modificación tendría que cumplir con el principio de neutralidad fiscal y compensar la pérdida de ingresos del Fondo General.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto también advirtió que una reducción o eliminación del arbitrio no necesariamente disminuiría el precio de la gasolina y planteó que cualquier proyecto debe incluir mecanismos que garanticen que el alivio llegue al consumidor final y no quede únicamente en otros participantes de la cadena de distribución.