La reclamación global es de $550,000. Le imputa al alcalde de Camuy, Gabriel Hernández: libelo, difamación, interferencia culposa y discrimen político. A Waldemar Quiles y otro personal del DRNA les imputa represalias y discrimen político.

Un vigilante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) presentó una demanda contra la agencia, su secretario Waldemar Quiles Pérez y el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, entre otros, alegando que fue despojado de las funciones de su puesto por denunciar las presuntas acciones indebidas del director regional del DRNA en Arecibo, Luis Omar Reyes Vázquez.

El demandante es el teniente Francisco Javier Toledo Méndez, quien trabaja en el DRNA desde 1988 y ocupaba el rango de Teniente II en el Cuerpo de Vigilantes desde el 2008.  Al ser removido del puesto, dirigía la Unidad Marítima del Cuerpo de Vigilantes en Arecibo.

Toledo Méndez reclama, en un proceso que será atendido por la jueza Militza De Jesús De Jesús, del Tribunal de Arecibo, ser reinstalado a su posición, ser víctima de discrimen político, libelo y difamación, haber sufrido angustias mentales, sufrimientos, humillación y degradación y le pide al tribunal que se le compense en no menos de $550,000.

Según relata el escrito legal presentado el 3 de septiembre por la abogada Mariana Nogales Molinelli, el 9 de septiembre del 2025 Toledo Méndez, en calidad de supervisor, investigaba una querella de un ciudadano en la carretera PR-4419, intersección con el camino Las Flores en el barrio Membrillo, de Camuy. Allí se estaba demoliendo un negocio y, aunque un individuo identificado como Guillermo Amador, entregó evidencia de los permisos, el personal del DRNA notó que no tenía instalado lo que se conoce como un plan de control de erosión (Plan CES) para evitar la contaminación por sedimentación.

Eso provocó, según la demanda, que se identificaran escombros, varillas, polvo fugitivo, restos de los bloques de cemento y otro material contaminante en la zona marítimo terrestre, con buena probabilidad de llegar al océano.

Los trabajos se realizaban “en ausencia absoluta de un plan de control de erosión y sedimentación”, lee la demanda.

Según se narra, Toledo Méndez supervisó a un oficial que dio la orden verbal de detener la obra hasta que se instalara el Plan CES.

Sin embargo, tras emitir la orden, el demandante recibió una llamada de Nelson Cruz, comisionado del Cuerpo de Vigilantes, indicándole que se fuera del lugar porque el alcalde Gabriel Hernández se dirigía al lugar. Toledo Méndez cuenta que Reyes Vázquez llegó al lugar y dejó sin efecto la orden de paralización.

“Se excedió en sus facultades, violentó la jerarquía de mando y dejó sin efecto la orden de paralización emitida…”, lee la demanda.

“Reyes llamó al Teniente Toledo y le indicó “que estaba en el lugar con la señora Mónica Cacho y que él decidió levantar la orden de paralización porque él es el director”, se añade.

La demandante consigna que ese mismo día se instalaron pacas de heno, mallas, “liners” y otros componentes del Plan CES.

Toledo Méndez relató, por correo electrónico, la intervención de Reyes Vázquez a varias figuras como Cruz Santiago y Quiles Pérez y ese mismo día fue despojado “ilegalmente” de las funciones inherentes a su puesto como jefe de la Marítima de Arecibo.

Esta acción fue tomada, según el demandante, el incumplimiento con las disposiciones de un reglamento, en violación de disposiciones constitucionales y legales ya que se le privó de un debido proceso de ley y se tomó un “claro acto de represalia”.

Toledo Martínez, como se desprende de una carta firmada por Quiles Pérez, fue movido a la División de Franquicias de Agua con carácter inmediato. El rango de cobertura en su nueva posición sería toda la isla y se reportaría a las oficinas centrales.

Ese mismo 9 de septiembre, según la demanda, el alcalde de Camuy dijo en un vídeo en sus redes sociales en que adjudicaba la detención de la obra de demolición a “un grupo pequeño mi-minoritario de izquierdosos”. También dijo que eran dos personas, que eran “independentistas, socialistas y comunistas”. Agregó que el proyecto cumplía con los permisos y que llamó a Quiles Reyes “para que pusiera en orden a un sargento de Recursos Naturales llamado Javier Toledo”.

“Yo no voy a permitir que ningún grupo de izquierdosos independentistas y socialistas intervengan con el progreso de Camuy […] y el desarrollo económico de Camuy no lo va a detener ningún movimiento asociado al narco gobierno de Nicolás Maduro de cualquier otro movimiento independentista izquierdoso en Puerto Rico”, añadió.

Según la demanda, Cruz Santiago nombró el 17 de enero de 2026 (debe ser 2026) y “como parte del patrón de represalias” a un oficial de menor rango a sustituir al teniente Toledo. El demandante identifica al oficial como “miembro bonafide del PNP”.

Toledo Méndez señala en la demanda que “no pertenece al Partido Nuevo Progresista”.

La demanda alega otras acciones discriminatorias contra Toledo Méndez ocurridas tras su cambio de posición: se le asignó un vehículo descrito como una “carcacha” sin aire acondicionado y se le excluyó de reuniones de oficiales.

En el escrito se relata cómo se hicieron intentos para reinstalar al demandante en su posición, sin éxito.