La medida había sido aprobada en Cámara pero, al ser enmendada en el Senado, el cuerpo de origen tendría que concurrir con los cambios para que pase a la firma de la gobernadora.

El Senado aprobó el lunes el Proyecto de la Cámara 911, que cambia la Ley de Vehículos y Tránsito para prohibir el llamado «voceteo” durante ciertas horas de la noche y cerca de escuelas, hospitales y otras zonas donde se necesita tranquilidad, permite que los municipios pongan sus propias reglas durante el día, y establece multas para quien la incumpla.

La conducta proscrita es “encender y reproducir algún tipo de sonido a través de los sistemas de sonido de vehículos o motocicletas alterados, modificados o que su diseño de fabrica proyectan o posicionan las bocinas en dirección hacia a fuera de estos vehículos para trasmitir sonido a través de las ventanas de los vehículos mientras transitan o están estacionados en la vía pública. Incluye la utilización de bocinas, amplificadores, bajos u otros componentes que aumenten la potencia, intensidad o capacidad de proyección externa del sonido”.

Se puede poseer el equipo descrito, pero no encenderlo en los horarios restringidos. Los municipios pueden emitir excepciones y la ley ya incluye excepciones para el uso de estos equipos en una “actividad de naturaleza electoral o política” y “por parte de una iglesia, secta o denominación religiosa”.
La medida, que al ser enmendada en el Senado tiene que regresar a la Cámara, prohíbe esa actividad entre 10:01 pm y 6:59 am. La prohibición es de 24 horas en ciertas “zonas de tranquilidad”, que incluyen escuelas y hospitales. Específicamente, la actividad no se puede realizar dentro de 100 metros lineales desde la entrada del lugar protegido.

La Policía podría emitir multa de $1,500 por cada infracción.

Votaron en contra los senadores Adrián González Costa, Thomas Rivera Schatz, Joanne Rodríguez Veve, José Santiago Rivera y Roxanna Soto Aguilú.

El Senado dio paso, además, a que se le pida al tribunal que ordene a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) entregar información que quedaron en someter el 17 de junio, como parte de la Comisión Total con su presidente ejecutivo, Luis González Delgado.

Quedaron aprobados también los proyectos del Senado 867 (que busca que las aseguradoras y el Plan Vital paguen a los médicos, hospitales y demás proveedores de salud de forma más rápida y clara); 971 (que crea la Ley para la Regulación Integral de los Servicios Estéticos y Sueroterapia en Puerto Rico); 1239 (que obliga a todo profesional de la salud autorizado a recetar a revisar el Programa de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados antes de recetar sustancias controladas, y a dejar constancia de que lo hizo); y el 1254 (que protege por ley a los periodistas y a otras personas que hacen trabajo de prensa, para que no tengan que revelar sus fuentes confidenciales).

El Alto Cuerpo confirmó a Julie Gómez Gómez como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación; a la licenciada Ilsa I. González Rivera y al licenciado Elmer Luis Cuerda Cruz como jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia; a Marieli Paradizo Pérez, en ascenso, como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia; al licenciado Roberto Juan Hernández Ramos como juez municipal; a las licenciadas Dairene Santo Domingo Rivera y Meilynn Ramos Rivera, ambas en ascenso, como fiscales auxiliares II del Departamento de Justicia; al ingeniero Anthony Y. Yrimia Herrera para un nuevo término como comisionado del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico; al arquitecto Carlos A. Rubio Cancela para un nuevo término como miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña; y a José J. Tañón Díaz como miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música.