Dice que han devuelto «orden» al casco urbano y que parte de los recaudos se utilizan en programas de justicia social.

El Municipio de Aibonito rechazó que el 90% de los recaudos de multas aplicadas por violaciones al uso de los parquímetros en el casco urbano vayan a los bolsillos del contratista que maneja el sistema. Por el contrario, según el alcalde Willie Alicea, el ayuntamiento recibe poco más de $600,000 y la empresa, que no identificó, una ganancia de $298,000 tras gastos operacionales.

Fue ayer cuando el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) David Santiago Arzola, hablando a nombre de un grupo de comerciantes del pueblo, divulgó un comunicado en que solicitaba que se eliminaran estos aparatos. Dijo que en los pasados ocho años los aiboniteños han pagado $1.7 millones en tarifas y multas y el gobierno municipal solo ha recibido $170,000.

Alicea describió la denuncia como “expresiones público partidistas”, dijo que antes de que se implementaron había desorden en el pueblo y que “el propósito nunca ha sido multar, sino garantizar orden y disponibilidad para todos”.

Señaló que la inversión municipal ha sido ninguna y las cifras antes mencinoadas significan que “el Municipio ha recibido más del doble de beneficio neto que la empresa operadora, sin asumir riesgo financiero alguno. Presentar los ingresos brutos de la compañía como si fueran ganancias líquidas es una manipulación contable que no resiste análisis técnico”.

El alcalde argumentó que parte del dinero recaudado ha sido dirigido a programas de justicia social para personas mayores y ciudadanos con impedimentos. “Una parte significativa de estos fondos proviene directamente de los ingresos generados por los estacionómetros”, dijo.

“Cada moneda depositada en un parquímetro se transforma en cuido, asistencia y calidad de vida para nuestras poblaciones más vulnerables. Ignorar este hecho es irresponsable y engañoso”, agregó al argumentar que Aibonito tiene “más estacionamiento gratuito que nunca antes”.

“El sistema de parquímetros es una herramienta de orden urbano, una fuente de ingresos netos para programas esenciales y un modelo de alianza que funciona”, afirmó.