Esta legislación establece un remedio de naturaleza civil que complementa los mecanismos criminales ya existentes en Puerto Rico para atender casos de maltrato animal.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 115-2026  que crea la “Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales”.

“El bienestar de los animales es un asunto de sensibilidad, responsabilidad y justicia. Esta medida fortalece las herramientas disponibles para intervenir de manera más rápida y efectiva cuando exista evidencia de maltrato o abandono, garantizando la protección de aquellos seres que no pueden defenderse por sí mismos”, expresó el senador Carmelo Ríos, autor de la medida en declaraciones escritas.

Esta legislación establece un remedio de naturaleza civil que complementa los mecanismos criminales ya existentes en Puerto Rico para atender casos de maltrato animal. Entre sus disposiciones más importantes, faculta a cualquier persona a presentar una acción judicial para proteger a un animal víctima de crueldad, abandono o abuso, aun cuando no sea su guardián o poseedor.

La ley permitirá que los tribunales emitan órdenes de custodia provisional cuando existan alegaciones juradas que demuestren actos de crueldad, abandono o abuso, otorgando a una persona o entidad la capacidad de asumir temporalmente el cuidado del animal mientras se dilucidan los procedimientos judiciales.

Además, firmó la Ley 116-2026 que crea la nueva Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial, ahora.

La nueva legislación tiene como propósito garantizar que los ciudadanos conozcan cuándo están interactuando con sistemas automatizados o de inteligencia artificial en agencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, así como proteger su derecho a solicitar la intervención de una persona durante la prestación de servicios públicos.

La Ley 116-2026 dispone que toda agencia o corporación pública que utilice asistentes virtuales, chatbots, algoritmos de procesamiento de datos u otros sistemas automatizados para interactuar con ciudadanos deberá informar de manera clara y accesible cuando una persona esté a punto de interactuar con inteligencia artificial.

Además, establece la obligación de ofrecer una alternativa razonable para que el ciudadano pueda solicitar atención o intervención humana durante cualquier etapa del proceso.