Los jefes de ayuntamientos quieren preservar la “autonomía municipal” en el proceso de permisos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, se alineó con la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes en su posición de que apoyarían la reforma de permisos que propuso la gobernadora Jenniffer González Colón si se le hacen una serie de 48 enmiendas enmiendas que propusieron y si se preserva la “autonomía municipal”.

Los dos grupos de ejecutivos municipales comparecieron el lunes ante la Comisión Especial que atiende el Proyecto de la Cámara 1213, que propone establecer el “Código de Planificación y Permisos”.

Los alcaldes asociados resaltaron que el andamiaje de permisos actual produce “incertidumbre regulatoria” porque está fragmentado en 46 instrumentos legales y procesos administrativos que resultan en entre 263 a 540 días calendario para obtener permisos de construcción.

“A juicio de la Asociación, cualquier reforma válida del sistema de planificación y permisos debe satisfacer principios rectores de política pública que incluyen la autonomía municipal, la intervención municipal previa a la evaluación y aprobación de permisos de forma expresa y no diferida al futuro reglamento, el poder adjudicativo y regulador en manos gubernamentales y no en los profesionales autorizados y que cualquier reglamentación adoptada posteriormente tenga salvaguardas procesales equivalentes o superiores a las de la Ley de Procedimiento Uniforme”, expresó el alcalde de Aguada, licenciado Christian Cortés Feliciano.

“Nosotros tenemos las mismas preocupaciones que ellos… entendemos que hay que darles una mayor participación a los municipios y no se le debe lesionar las facultades a aquellos municipios que ya tienen la tercera jerarquía, y su propia oficina de permisos”, consignó Méndez Núñez. El gobierno central “no puede tener una supremacía total”, en la aprobación de permisos, añadió.

“Puerto Rico necesita un sistema de permisos más ágil, transparente y uniforme, pero ese proceso no puede darse a costa de la autonomía municipal. Tal como está redactado el proyecto, la cláusula de supremacía podría invalidar ordenanzas, planes de ordenación territorial y acuerdos de delegación que han demostrado ser efectivos. Nuestra propuesta establece contrapesos para garantizar que los municipios conserven su capacidad de decisión sobre el uso de terrenos y que la reforma se implemente sin afectar ese marco legal vigente”, subrayó por su parte el líder de los alcaldes federados, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez.

Otro de los puntos presentados por las organizaciones de alcaldes fue darle mayor autonomía a la Junta de Planificación (JP), en lugar de mantenerla adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), ya que contrario al departamento, cuyo rol es económico, la junta está más centrada en la planificación ordenada del territorio.

Así también se trajo a la atención el posible conflicto de interés que pueda existir ante el hecho de que el DDEC “otorgue permisos y también atienda las querellas sobre esos mismos permisos, creando un conflicto institucional evidente”, declaró Hernández Rodríguez.

“Queremos permisos más rápidos, pero que se establezcan sistema de contrapesos”, añadió, al subrayar que el proyecto le otorga “superpoderes” a los profesionales autorizados (PA), sin la fiscalización adecuada, por lo que recomendó que se establezca auditorías aleatorias de al menos el 20% de los permisos que emitan.

A preguntas del representante Héctor Ferrer Santiago, el presidente federado reclamó que agencias tales como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, LUMA Energy, y la Autoridad de Carreteras tengan un término fijo para otorgar los endosos que les corresponden, ya que en ocasiones se convierten en un escollo, “puesto que, si siguen con la práctica actual, de nada vale ningún código en Puerto Rico”.