Una organización que dice representar operadores de la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico condenó la aprobación en la Cámara de Representantes que pide pruebas de sustancias controladas a solicitantes de armas y se concentra en usuarios de cannabis.

El Proyecto de la Cámara 651, según Jose A. Rivera, director ejecutivo de G9 Alliance Inc, ha desatado preocupación en sectores médicos, legales y de la industria del cannabis medicinal al establecer que una persona con licencia de cannabis medicinal no podrá cualificar para una licencia de armas, colocándola en la misma categoría que individuos considerados “adictos a sustancias controladas o ebrios habituales”.

La legislación fue aprobada con 36 votos a favor y 12 en contra, y ahora pasa al Senado.

El proyecto, presentado por el representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán y la representante Lisie Burgos, también establece mecanismos para que el Departamento de Salud pueda compartir con la Policía de Puerto Rico información necesaria para validar el estatus de pacientes de cannabis medicinal en procesos relacionados a licencias de armas, lo que ha levantado interrogantes sobre privacidad y uso de datos médicos.

Según el informe de la Comisión de Seguridad Pública, la Policía de Puerto Rico no avaló el proyecto y expresó preocupaciones sobre posibles conflictos con la legislación federal vigente, indicando que ya existe un marco regulatorio que atiende la relación entre el uso de cannabis y la posesión de armas.

Por su parte, el Departamento de Salud reconoció en su evaluación que el hecho de que una persona sea paciente de cannabis medicinal no implica incapacidad mental ni abuso de sustancias, un punto que ha sido utilizado por críticos para cuestionar la lógica detrás de la medida.

A juicio de Rivera, la legislación representa un retroceso significativo en la política pública del país. “Aquí se está creando una presunción generalizada peligrosa. Se está tratando a pacientes bajo tratamiento médico como si fueran adictos o personas incapaces, sin evaluación individual ni base científica”.

Rivera añadió que la medida coloca a muchos ciudadanos en situaciones difíciles.

“Esto tiene consecuencias reales. Personas que dependen de cannabis medicinal para tratar condiciones como cáncer, dolor crónico o trastornos neurológicos podrían verse obligadas a escoger entre su tratamiento médico o su sustento, particularmente en profesiones que requieren licencias de armas”, sostuvo.

El abogado también cuestionó el momento en que se impulsa la legislación, señalando que ocurre en un contexto donde a nivel federal se están evaluando cambios hacia una mayor aceptación del uso medicinal del cannabis. “Mientras otras jurisdicciones avanzan hacia políticas más basadas en evidencia, Puerto Rico parece estar legislando desde el estigma”, expresó.

La medida también ha provocado debate en torno a derechos constitucionales y el alcance del Estado en la utilización de información médica como criterio para restringir derechos civiles. Aunque el proyecto establece que no se divulgarán diagnósticos específicos, Rivera sostiene que el simple hecho de utilizar el estatus de paciente como filtro podría abrir la puerta a impugnaciones legales.

“Esta medida ignora la realidad de un sistema altamente regulado y seguro, y envía un mensaje peligroso que refuerza el estigma hacia condiciones de salud legítimas”, añadió Rivera. “Exhortamos al Senado de Puerto Rico a evaluar esta medida con responsabilidad y a no avalar disposiciones que vulneren los derechos de los pacientes”.