Quiere conocer el impacto de la independencia, el territorio y la estadidad. Le asignaría $1 millón anuales al grupo, que sería conformado con nombramientos de la gobernadora a ser evaluados por la Legislatura.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha presentado un proyecto de ley que con que busca examinar el impacto de las alternativas de estatus: independencia y el Estado Libre Asociado y, con especial detalle la “transición” hacia la estadidad.

“Evaluará sus efectos sobre los programas y fondos federales, la tributación, los recaudos y gastos públicos, el desarrollo económico, la inversión, el empleo, las empresas, los municipios y las familias”, lee la medida.

La propuesta parte de la premisa de que el mandato del pueblo es que el país se convierta en estado, por lo que los estudios a realizarse prestarán “particular atención a los cambios que la isla debe considerar para prepararse para esa transición (a la estadidad)». El Proyecto del Senado 1565 ordena la creación del Comité de Estudios y Planificación para la Transición hacia la Estadidad. Este grupo tendrá la encomienda de preparar un informe de impacto Económico, Fiscal y Contributivo de las Alternativas de Estatus de Puerto Rico, lee la medida.

El documento sería entregado a múltiples entidades, incluyendo miembros del congreso y el presidente de Estados Unidos.

El presidente del Senado y posible candidato a la gobernación quiere que se conozca la interacción entre las leyes y estructuras de Puerto Rico y las disposiciones constitucionales, legales, fiscales, contributivas, presupuestarias y programáticas del gobierno de Estados Unidos.  Con un lenguaje específico, dispone que la Junta de Supervisión Fiscal no podrá restringir el trabajo del comité, cuyo trabajo sería financiado con una asignación anual de $1 millón, además de donativos, incluyendo de entidades públicas.

El nuevo comité tendría un espacio para trabajar en el Capitolio y contaría con apoyo administrativo de la Legislatura.

“Los resultados de estas investigaciones se utilizarán para formular recomendaciones de reforma gubernamental, económica, fiscal, contributiva, administrativa y legislativa, así como anteproyectos de ley y propuestas de política pública para la consideración del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y, cuando corresponda, el Gobierno de los Estados Unidos. Tales investigaciones y recomendaciones no sustituirán las facultades constitucionales de las ramas políticas ni tendrán por sí mismas carácter vinculante”, lee el proyecto.

El comité, con requisitos a cumplir que no son específicos, más allá de tener capacidad, integridad y probidad moral, tendrá que estudiar y evaluar las materias relacionadas con la preparación de la isla “para una transición hacia la estadidad”.  Estará integrado por cinco miembros nombrados por la gobernadora (con el consejo y consentimiento de ambas cámaras). Los nombramientos serían entre tres y siete años.

Su encomienda principal será preparar un estudio sobre las consecuencias económicas, fiscales, presupuestarias y contributivas de las diferentes alternativas de estatus y tendrá que presentar su informe dentro de un término máximo de un año luego de constituido. Tendrán que examinar temas específicos como contribuciones de individuos y corporaciones, impuestos, arbitrios, patentes, incentivos contributivos, recaudos del Fondo General, transferencias federales, programas, beneficios, asistencia económica y nutricional, educación, vivienda, infraestructura, veteranos y recuperación ante emergencias.

“Examinará sus efectos sobre los individuos y familias, tomando en cuenta la carga contributiva federal y local combinada, los créditos y beneficios disponibles, las transferencias gubernamentales, el ingreso disponible, el costo de vida y las posibles consecuencias para la pobreza, el consumo, la participación laboral y la población”, dice el proyecto.