«La Legislatura necesita actuar sobre tres asuntos importantes en el área del cabildeo. Puerto Rico no tiene un estatuto integral que regule el cabildeo. Los 50 estados y el Distrito de Columbia sí lo tienen», dijo Robert Mujica.

El director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica dijo el miércoles que la Legislatura tiene que aprobar legislación que aumente las regulaciones al cabildeo.

Sus expresiones fueron al abordar al fallido contrato de Power Expectations.

“Queda mucho trabajo por delante para restaurar la confianza del pueblo de Puerto Rico en los procesos de contratación pública. La Legislatura necesita actuar sobre tres asuntos importantes en el área del cabildeo. Puerto Rico no tiene un estatuto integral que regule el cabildeo. Los 50 estados y el Distrito de Columbia sí lo tienen. Si a usted le pagan para influir sobre cómo se gasta el dinero público, el público debe saberlo y debe ser transparente”, dijo Mujica en su resumen durante la reunión pública del ente federal creado bajo la Ley PROMESA.

“En cuanto a los honorarios contingentes, Puerto Rico todavía permite un pago que depende de si la acción gubernamental que se busca realmente ocurre, incluida la adjudicación de un contrato. Una mayoría significativa de los estados y el gobierno federal prohíben este tipo de honorarios contingentes. Y sobre las extensiones de contratos: en la mayoría de los lugares, un contrato tiene una duración definida. Si la necesidad continúa después del término del contrato, el trabajo vuelve a someterse a competencia. Aquí, nuevamente, prácticamente no existe tal límite. Así que, miembros de la Junta, hoy la Junta proporciona una revisión independiente de cada contrato importante antes de que se firme. Cuando la Junta desaparezca, según están las cosas actualmente, nadie proporcionará esa revisión antes de que se ejecute un contrato”, expresó.

De otra parte, Mujica criticó las respuestas que le brindaron a través de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO) a las preguntas que tenían sobre el contrato.

“Enviamos múltiples preguntas a la 3PPO, que es la agencia de contratación, y cada vez recibimos respuestas parciales que omitían información relevante y, en lugar de proporcionar claridad, la 3PPO (Osvaldo Carlo) cuestionó incluso la autoridad de la Junta para formular esas preguntas. Eran preguntas que toda persona en Puerto Rico merecía que fueran contestadas y preguntas que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas debió haber formulado mucho antes de que el contrato llegara a la Junta”, mencionó.

“PROMESA le otorga a la Junta de Supervisión un mandato de supervisión, pero no creó una segunda agencia de contratación. La Sección 204 es explícita. Los contratos deben promover la competencia en el mercado y deben ser, cito, “no inconsistentes con el Plan Fiscal aprobado”. Ese es el estándar que aplica nuestra revisión de contratos. Pero nuestra revisión depende de que las partes gubernamentales que celebran el acuerdo investiguen adecuadamente a sus contrapartes. Y eso es exactamente lo que no ocurrió aquí”.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón expresó que está de acuerdo con revisar la ley que estableció el llamado 3PPO. Además, estableció que a pesar de la demanda en el Tribunal federal, el proceso de escoger un proveedor de energía temporal continúa con las empresas Javelyn y Gotham.