La pesquisa reveló que, aunque los pacientes contaban con un plan de salud, fueron discriminados en la prestación de servicios y quedaron desprovistos de la atención necesaria para sus diagnósticos y del desarrollo de un plan de tratamiento individualizado.

Personal de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid presentó 80 cargos criminales contra Vladimir Rosa Solá y Giselle Alvarado Pérez, administradores de la facilidad Mi Nuevo Hogar, ubicado en Cidra, por actos de maltrato y negligencia contra pacientes geriátricos y psiquiátricos que estaban bajo su cuidado.

Entre los cargos figura el de homicidio negligente por la muerte de una de las pacientes. Según la investigación, para el 14 de octubre de 2021, Rosa Solá fungía como administrador y director de la facilidad, mientras Alvarado Pérez se desempeñaba como coordinadora de servicios. La pesquisa reveló que, aunque los pacientes contaban con un plan de salud, fueron discriminados en la prestación de servicios y quedaron desprovistos de la atención necesaria para sus diagnósticos y del desarrollo de un plan de tratamiento individualizado.

Como parte de los hechos, Rosa Solá y Alvarado Pérez se apropiaron de las identidades de médicos y las utilizaron para dar legitimidad al proceso de licenciamiento del hogar ante la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.

La facilidad fue posteriormente cerrada por ASSMCA.

La investigación reveló, además, actos de abuso y negligencia contra los pacientes que se encontraban en la facilidad. Una de las pacientes fue ingresada a una institución hospitalaria en un estado delicado de salud y con evidente deterioro físico. A pesar de las intervenciones médicas y los cuidados recibidos durante su hospitalización, su condición continuó deteriorándose hasta provocar su muerte.

La mujer no fue identificada.

“Las personas que reciben servicios de salud mental merecen atención adecuada, protección y un trato digno. Quienes asumen su cuidado tienen la responsabilidad de procurar que reciban los servicios que necesitan para atender sus condiciones. Este caso refleja las graves consecuencias que puede tener incumplir con ese deber. Desde el Departamento de Justicia actuaremos con firmeza ante conductas que pongan en riesgo la salud, la seguridad y la vida de pacientes que dependen de otros para recibir su cuidado”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La investigación concluyó, además, que la facilidad defraudó contratos y programas del Gobierno de Puerto Rico al recibir fondos del Departamento de la Familia por servicios esenciales de salud que no fueron ofrecidos a los participantes ubicados en la facilidad.

La fiscal Brenda Rosado Aponte, de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid, presentó 40 cargos contra cada imputado, para un total de 80 cargos criminales. Cada uno enfrenta cuatro cargos por negligencia en el cuidado, cinco por maltrato a personas de edad avanzada, cuatro por apropiación ilegal, cinco por apropiación ilegal de identidad, 16 por posesión y traspaso de documentos, cinco por discrimen en los servicios de salud mental y uno por homicidio negligente.

El Ministerio Público también solicitó una restitución total de $33,595.48.

La jueza María Hernández Calzada, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, encontró causa por todos los cargos presentados por la Fiscalía y les impuso una fianza de $20,000 a cada uno. Los imputados permanecerán bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 30 de septiembre. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Brenda Rosado Aponte y la agente Tania Mora Pagán, de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid.