La determinación mantiene encarcelado a Juan Francisco Areche Minaya bajo un supuesto riesgo de fuga que no existe.

La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLUPR) y la Clínica de Inmigración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) denunciaron hoy que la decisión del juez de inmigración Elvin Talavera Peraza de denegar la fianza a Juan Francisco Areche Minaya, bajo un supuesto riesgo de fuga y cómo la decisión se suma a un patrón de determinaciones abusivas en los procesos migratorios en Puerto Rico que pone en entredicho la imparcialidad con la que se están adjudicando casos que involucran la libertad de las personas inmigrantes.

Según la denuncia, el riesgo de fuga no fue sustentado por la evidencia presentada en sala.

Areche Minaya lleva más de 28 años residiendo en Puerto Rico, no tiene récord criminal, es padre de dos ciudadanos estadounidenses y es hijo de una ciudadana estadounidense. Su familia y su vida están establecidas en Puerto Rico. A pesar de esos vínculos y de la evidencia presentada durante la vista, Talavera Peraza determinó que constituía un riesgo de fuga y ordenó que continuara detenido.

«Cuando una persona lleva 28 años aquí, no tiene récord criminal, tiene a sus hijos y a su madre en Puerto Rico y aun así se le cataloga como riesgo de fuga, tenemos que cuestionar seriamente cómo se están adjudicando estos casos y si las personas inmigrantes están recibiendo procesos verdaderamente imparciales», afirmó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLUPR. 

La ACLUPR sostuvo que este tipo de determinaciones plantea serias interrogantes sobre si las personas inmigrantes están recibiendo ante los tribunales de inmigración en Puerto Rico evaluaciones individualizadas, neutrales y genuinamente imparciales.

La decisión contra Areche Minaya resulta aún más preocupante porque la jueza federal Gina Méndez Miró, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, había intervenido previamente para impedir que el gobierno federal lo trasladara fuera de Puerto Rico y ordenó que se celebrara una vista para determinar su liberación bajo fianza, luego que la ACLUPR presentada un recurso de habeas corpus.  

Durante esa vista de fianza, la abogada de inmigración Charito García Miranda, quien dirige la Clínica de Inmigración de la UPR, presentó evidencia dirigida a demostrar que Areche Minaya no representa peligro para la comunidad ni riesgo de fuga. Sin embargo, Talavera Peraza denegó la fianza precisamente bajo el argumento de riesgo de fuga.

Areche Minaya es padre de dos ciudadanos estadounidenses menores de edad y su madre también es ciudadana estadounidense. Su familia reside en Puerto Rico y depende de él para apoyo económico, físico y cotidiano. Además, cuenta con dos peticiones familiares I-130 previamente aprobadas.

“Mi papá ha estado presente toda mi vida. Su familia, sus hijos, su mamá y su vida están aquí. Mantenerlo preso bajo el planteamiento de que se va a escapar, cuando todo lo que ha construido durante tantos años está en Puerto Rico, es totalmente incomprensible y falta a la verdad. Lo que queremos es que regrese con nosotros y que pueda defenderse en libertad”, manifestó Darjeerling Areche, la hija mayor de Juan Francisco. 

El hombre fue detenido el 11 de agosto mientras esperaba dentro de su propio vehículo a un amigo que compraba materiales eléctricos en un establecimiento de San Juan. La detención ocurrió sin incidentes y Areche Minaya no se resistió al arresto. Según la petición de habeas corpus presentada ante el tribunal federal, ocho hombres enmascarados lo intervinieron y lo tomaron bajo custodia migratoria. La petición sostiene además que la intervención estuvo motivada racialmente. 

Bajo cuestionamiento la imparcialidad de los jueces de inmigración

Este caso adquiere una relevancia particular porque es el primero que se argumenta en Puerto Rico luego de la decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito en Guerrero Orellana v. Moniz, emitida el 13 de agosto.

En esa decisión, el Primer Circuito rechazó la interpretación del gobierno federal que pretendía someter obligatoriamente a detención a personas que ya se encontraban residiendo en Estados Unidos y determinó que, en circunstancias como las examinadas allí, la detención se rige por la sección 1226(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que contempla la posibilidad de liberación bajo fianza.

Al aplicar ese precedente al caso de Areche Minaya, la jueza Méndez Miró concluyó que este había demostrado una probabilidad sustancial de prevalecer en su reclamo y que tenía derecho a una vista de fianza. El tribunal federal recalcó que está obligado por la decisión del Primer Circuito.

“El Primer Circuito acaba de dejar claro que estas personas tienen derecho a una verdadera oportunidad de solicitar su libertad. Una vista de fianza no puede convertirse en un ejercicio puramente formal en el que la conclusión esté predeterminada. El derecho reconocido por el tribunal debe tener consecuencias reales en sala y la decisión tiene que responder a la evidencia», sostuvo la licenciada García Miranda.

La Corte de Inmigración ubicada en Guaynabo cuenta actualmente con cuatro jueces de inmigración, quienes son Miguel Cordero González, Julia Diaz Rex, Pedro J. Espinal y Elvin Talavera Peraza.

A diferencia de los jueces del Tribunal de Distrito federal, los jueces de inmigración forman parte del Executive Office for Immigration Review (EOIR), una dependencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Para la ACLUPR, la experiencia de las personas inmigrantes detenidas en Puerto Rico obliga a examinar con particular rigor si las decisiones que restringen su libertad responden verdaderamente a evaluaciones individualizadas de la evidencia y a las garantías reconocidas por los tribunales federales. Para la organización, dichas garantías no se están cumpliendo.