El abogado ambiental Pedro Sadeé sostuvo que el proyecto amenaza el acceso a las playas y costas, aumenta la desigualdad entre inversionistas y reduce protecciones para áreas verdes, especies y recursos históricos.

Organizaciones ambientales, comunitarias y profesionales exigieron el martes a la Asamblea Legislativa que descarte el proyecto que crearía una nueva ley de permisos, al advertir que facilitaría construcciones de alto consumo de agua y debilitaría las evaluaciones ambientales mientras Puerto Rico enfrenta sequía y racionamiento.

Los grupos sostuvieron que la propuesta amplía los procesos ministeriales y las certificaciones privadas, reduce las evaluaciones preventivas, concede más facultades al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y desplaza parte de la intervención gubernamental hacia la fiscalización posterior a la construcción.

“La prioridad de la Legislatura es una ley que le abre la puerta a mega construcciones que consumen agua que no tenemos. Exigimos que estos proyectos se descarten”, expresó la directora de Sierra Club Puerto Rico, Hernaliz Vázquez, en declaraciones escritas.

Vázquez atribuyó el impulso de la reforma a una agenda desarrollada entre el Ejecutivo y sectores de la construcción, el desarrollo inmobiliario y la inversión privada. Como fundamento, mencionó el grupo de trabajo creado por la gobernadora con representantes del Gobierno y del sector privado, que propuso una participación más prominente de este último en la evaluación y adjudicación de permisos.

“El mismo DDEC que promueve la inversión privada y administra incentivos tendría, bajo esta reforma, mayor poder sobre los permisos y la fiscalización de los proyectos que ayuda a atraer. Sus propios documentos revelan una prioridad: ofrecerles más rapidez y certeza a quienes cuentan con grandes proyectos, capital, cabilderos y acceso al Gobierno. Mientras las comunidades hacen filas para buscar agua, estos sectores participan en la transformación de las reglas que determinarán dónde y cómo podrán construir”, denunció Vázquez.

La directora de Sierra Club Puerto Rico también rechazó que la reforma responda principalmente a las necesidades de los pequeños comerciantes. Afirmó que su alcance favorece a grandes desarrolladores mediante procesos más rápidos, mayor certeza para la inversión, más certificaciones privadas y menos controles preventivos.

El abogado ambiental Pedro Sadeé sostuvo que el proyecto amenaza el acceso a las playas y costas, aumenta la desigualdad entre inversionistas, reduce protecciones para áreas verdes, especies y recursos históricos, y concentra facultades sobre terrenos y asuntos ambientales en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

“Aquí se cambia el momento en que el Estado interviene, y ese cambio lo decide todo. Cuando el Estado interviene después de comenzada una construcción, el daño ambiental puede ser irreversible y no hay multa que reponga un humedal, un acuífero o una costa”, afirmó Sadeé.

La arqueóloga Mariela Declet señaló que la reforma elimina el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre, coloca las determinaciones finales sobre permisos bajo la Oficina Central de Permisos y reduce la participación del Instituto de Cultura Puertorriqueña. También advirtió que, en algunos casos, la intervención especializada podría ocurrir después del comienzo de una excavación.

“La arqueología es fundamental para proteger y custodiar nuestra herencia cultural, ella resguarda nuestra historia e identidad. Los arqueólogos no estamos para evitar el desarrollo, estamos para custodiar y proteger nuestra historia y nuestros recursos arqueológicos”, expresó Declet.

La arqueóloga sostuvo que el problema principal del sistema de permisos no radica en las leyes de protección arqueológica, sino en la falta crónica de personal del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Planteó que la Legislatura debe devolver recursos a las agencias responsables de evaluar los proyectos, en lugar de reducir sus facultades.

Jesús Danilo Chinea Rivera, profesor retirado del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, cuestionó que una reforma de cientos de páginas pueda aprobarse de forma acelerada sin un análisis científico e interdisciplinario. Advirtió que los bosques, humedales, ríos, acuíferos, cuencas hidrográficas y terrenos kársticos forman sistemas interconectados que exceden los límites municipales y de las propiedades.

“Las decisiones sobre permisos no pueden descansar exclusivamente en mapas y geodatos oficiales, pues estos tienen márgenes de error, omisiones y limitaciones metodológicas. No pueden prevalecer sobre la realidad física ni sustituir las inspecciones de campo, los estudios especializados y la mejor evidencia científica disponible. Cuando un proyecto pueda afectar el agua, los bosques, los humedales o el karso, las determinaciones de las agencias científicas deben ser previas y vinculantes. La Legislatura debe divulgar el texto final y permitir que la comunidad científica evalúe sus consecuencias antes de cualquier votación”, sostuvo Chinea Rivera.