Plantean que la crisis está conectada con un presupuesto que no se ha establecido conforme al gasto operacional real del Programa y la falta de partidas presupuestarias para un gasto que el propio Departamento sabe que es recurrente año tras año.

La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSSRE) está denunciando que el Departamento de Educación (DE) mantiene sin pagar servicios de Remedio Provisional ya facturados, en incumplimiento del término de 30 días que rige el pago de facturas.

Según se indicó en un comunicado de la organización, de no corregirse esta situación, para entre el 1 y el 10 de agosto la deuda equivaldrá a dos meses de servicios prestados y no pagados, justo cuando el nuevo año escolar está a punto de comenzar y sin que existan garantías de que los servicios podrán prestarse con normalidad.

«Un mes de impago bajo las circunstancias económicas actuales ya es una crisis. Dos meses, con el año escolar arrancando, es insostenible. Y esto no es una falla aislada: es el resultado de años de omisiones administrativas y fiscales que hoy ponen en riesgo nuevamente los servicios de los estudiantes», expresó Ruth Concepción Rivera, presidenta de APPSSRE.

APPSSRE sostiene que esta crisis no es producto de una emergencia inesperada, sino de decisiones y omisiones que se pudieron evitar: un presupuesto que no se ha establecido conforme al gasto operacional real del Programa y la falta reiterada de partidas presupuestarias para un gasto que el propio Departamento sabe que es recurrente año tras año. Son esas denunciadas omisiones las que, según indicaron, hoy amenazan la continuidad de los servicios a apenas días de que comience el año escolar.

Según se denunció, hoy se adeudan más de 69,000 servicios de terapias, cifra que ni siquiera incluye las terapias compensatorias que se le deben a miles de estudiantes, ni las limitaciones de acceso a servicios de evaluación. Además, señalaron que Educación no ha ofrecido a los proveedores información oficial, clara y precisa sobre el mecanismo mediante el cual podrán recibir los pagos adeudados bajo el nuevo proceso de facturación.

Tampoco, según denunciaron, Educación ha explicado si los proveedores deberán realizar algún trámite adicional para poder cobrar las facturas ya sometidas. El resultado, a días de iniciar el nuevo año escolar, es una incertidumbre operacional absoluta y la ausencia de garantías sobre la continuidad de los servicios.

“La responsabilidad y obligación de garantizar acceso a los servicios es del Departamento de Educación, no del proveedor. El Estado no puede seguir trasladando al sector privado una responsabilidad que es exclusivamente suya. Los proveedores no están aquí para cargar ni asumir las obligaciones del Estado. Están aquí para prestar un servicio privado que el Tribunal ordenó precisamente porque el Estado no cumplió con su deber de ofrecerlo directamente en primera instancia, y ese servicio, por su propia naturaleza, tiene que sufragarse con fondos públicos, aunque quien lo preste sea un proveedor privado. Los proveedores no tienen que acudir a la Junta de Supervisión Fiscal ni al Departamento de Hacienda para reclamar el pago de un servicio que ya ofrecieron.