Solo entre dos proyectos, uno de agua potable y otro de servicio sanitario, se van $100 millones. El tercero, la reconstrucción del sistema de transmisión y distribución, cuesta $84 millones de fondos FEMA, pero el gobierno necesita parear con el 10% del costo.

Múltiples administraciones de gobierno han descrito el proyecto de desarrollo de la antigua la Base Naval Roosevelt Roads como un importante eslabón dentro del plan de desarrollo económico al país, pero ninguna ha respaldado esa aseveración con una asignación presupuestaria adecuada y este próximo fiscal esta realidad se manifestará en un boquete de al menos $100 millones.

La advertencia la hizo ayer el director ejecutivo de la Autoridad para Redesarrollo de Roosvelt Roads, Carlos Ríos Pierluisi. La esperanza de la Autoridad, bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) es que esos $100 millones y el 10% para el pareo del proyecto de transmisión y distribución eléctrica, valorado en $84 millones, aparezcan en las partidas bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Ríos Pierluisi hizo notar que desde el 2005 el presupuesto de la Autoridad nunca ha superado $2.2 millones y que en nueve años no recibió un centavo del Fondo General. Comparó el caso de Roosevelt Roads con una en la ciudad en San Francisco que cerró en 1997 pero ha recibido una inyección de $1,500 millones. Otra en Colorado cerró en 1994 y se han invertido $500 millones.

Roosevelt Roads pasó a manos del gobierno en el 2013 y la cantidad invertida es $13 millones con un espacio mayor a San Francisco y Colorado.

El presupuesto vigente es de $1.6 millones y, aunque el propuesto asciende a $1.9 millones, Ríos Pierluisi dijo que está sobrestimado por $700,000 debido a que no se tomó en cuenta la cancelación de un contrato de arrendamiento.

Este próximo año la Autoridad no recibirá fondos federales.

Paralelamente, Ríos Pierluisi habla de proyectos de infraestructura básica de acueductos que cuestan $100 millones y para los que no hay dinero identificado.

“Tanto las mejoras al sistema de agua potable como las mejoras al sistema sanitario pueden comenzar este (próximo) año fiscal, asumiendo que tenemos los fondos necesarios para ello”, dijo Ríos Pierluisi ante la Comisión de Hacienda del Senado. «Tenemos planteamientos en la OGP de más de $100 millones, pero sabemos que es un reto identificar esa cantidad de dinero», agregó.

Incluso la Autoridad, en lo que concierne al proyecto de agua potable, recibió dos propuestas en este año fiscal pero no pudo contratar por falta de dinero.

También está pendiente un proyecto de sistema sanitario.

“Sin esos tres proyectos (incluyendo el de energía eléctrica) no va a a haber ningún tipo de desarrollo en Roosevelt Roads”, advirtió Ríos Pierluisi. “Necesitamos asegurarle a los (presentes y futuros) inquilinos una infrestructura robusta y confiable”.

La Autoridad cuenta con una plantilla de 20 empleados y Ríos Pierluisi indicó que necesita reclutar tres ingenieros.

Preguntado sobre su prioridad presupuestaria, Ríos Pierluisi dijo: “Es mantener la plantilla de empleados actual”, dijo al reconocer que tiene que identificar la fuente de los $700,000 que no recibirán por la cancelación del contrato de alquiler para dejarla intacta. “Ahí estarán los ingenieros que van a procurar que se encaminen los proyectos”.

Mientras, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard sostuvo que el desarrollo de la antigua base es una prioridad de la gobernadora Jenniffer González.

«Si no se llegaran a encontrar los recursos en el presupuesto, que no creo que sea el caso… al ser una prioridad de la gobernadora, el departamento y el componente económico vamos a buscar los fondos para apoyar a la autoridad. Punto”, dijo.

En cuanto al rol de la Junta de Supervisión Fiscal en todo esto, se reveló que autorizó una reasignación de $1.5 millones para revitalizar ciertas estructuras y $517,000 para gastos operacionales de la Autoridad. Ríos Pierluisi señaló que están en conversaciones con la Junta “respecto a proyectos de desarrollo residencial y hotelero que están bajo su evaluación”.

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

El presupuesto solicitado por el DDEC asciende a $107.4 millones divididos entre $29.7 millones del Fondo General y $77.7 millones de fondos propios que no representan una carga al erario. Ese presupuesto implicaría un aumento de $28.8 millones al comparar con el vigente, aunque parte del incremento está relacionado a un gasto adicional de Pay-Go. Además, en el próximo año fiscal se recibirían $119.9 millones de fondos federales a través del Programa de Innovatción y Oportunidad de la Fuerza Laboral (WIOA por sus siglas en inglés) y $164 millones en subvenciones en bloque, que son reembolsos en programas como climatización de hogare, el Programa Estatal de Energía, US Small Business Administration, entre otros.

El DDEC, que impulsa, aunque bajo fuego, la reforma de permisos, reclama haber propiciado la expanción de las operaciones de 21 empresas, la creación de 5,700 empleos nuevos y $2,300 millone en nueva inversión a largo plazo.

Por ejemplo, la inversión de $1,200 millones de Eli Lilly y la expansión de $650 millones en Amgen.

El DDEC utilizará $14.8 millones para mejoras en propiedades comerciales en Guaynabo, Mayagüez, Hato Rey y Ponce.