Así lo planteó la directora de la Oficina de Permisos del municipio en una vista pública.

El Municipio de San Juan solicitó ayer al Senado que no le aplique lo dispuesto en la nueva Ley 82-2026 que hace más caro y difícil impugnar permisos otorgados a proyectos de infraestructura.

Lo dispuesto en el nuevo estatuto está contenido en el proyecto de reforma de permisos que impulsa el gobierno.

«Entendemos que el requisito de fianza puede resultar oneroso. Por ello, recomendamos reevaluar esta disposición y que se disponga expresamente que el pago de fianza no aplicará a los municipios cuando estos son los querellantes», dijo Gladys Maldonados Rodríguez, directora de la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan, durante una vista senatorial sobre el proyecto.

La reacción entre líderes comunitarios y expertos ante la firma de la ley por parte de la gobernadora Jenniffer González ha sido de condena. Por ejemplo, encarece significativamente impugnar en el tribunal o en la fase administrativa un permiso otorgado por el gobierno al incluir el requisito de pagar el 10% del total del valor del proyecto.

Ayer el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, dijo a la prensa que la nueva ley y el requisito de la fianza no aplicaba al proceso administrativo.

«El requisito mandatorio de fianza aquí dispuesto, y el monto mínimo establecido por la misma, será de aplicación a todo procedimiento judicial o administrativo», lee la ley.

La nueva ley tiene otros efectos. Por ejemplo, el querellante tendrá que probar que existe un daño inminente, dispone que las omisiones procesales menores o subsanables que no causen daños inmediatos ya no sirven como base legal para revocar un permiso y permite construcción en suelos rústicos especialmente protegidos si se catalogan como «proyectos estratégicos» o de «infraestructura crítica».