El gobierno sostiene que el impacto fiscal será atendido por recursos generados por el propio gobierno. «Esta transformación se paga con los recursos que el sistema ya produce, sin requerir asignaciones extraordinarias al erario”, es la posición del estado.

El impacto fiscal, solamente en nuevas contrataciones, del proyecto de reforma de permisos del gobierno alcanzaría $1.7 millones anuales, según se desprende de la ponencia del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

El dato trascendió hoy en el primer día de vistas públicas sobre la medida en el Senado y fue destacado por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

Por un lado, el Proyecto del Senado 1183 ordena la transferencia de 84 empleados de la Junta de Planificación al DDEC. La legisladora denunció que esa intención le da “la estocada final a la JP (Junta de Planificación), cuyas facultades y recursos han sido mutilados consistentemente en los últimos años”, según indicó en su cuenta de X.

El DDEC, representado en la vista del Senado por su secretario Sebastián Negrón, argumentó que, debido a que el salario de este personal es pagado a través del Fondo General, la movida no tiene un impacto fiscal adicional que pueda objetar la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Los 84 empleados trabajarían en áreas como apoyo operacional. Algunos pasarían del Programa de Planificación Económica y Sicial a la Oficina de Estrategia e Inteligencia de Negocios del DDEC.

El impacto de los $1.7 millones surge de la creación de 29 nuevas posiciones repartidas entre la Oficina Central de Permisos, la propuesta nueva Oficina de Agrimensura de Puerto Rico, la Oficina de Atención y Resolución de Querellas y la Junta de Revisiones Administrativas. El dinero sería consignado en el presupuesto del próximo año fiscal.

La Oficina de Atención y Resolución de Querellas se nutriría de 13 empleados de Planificación y cinco nuevas contrataciones para un impacto de $274,668 anuales. Esa cifra también incluye el pago de deietas a siete miembros de Panel de Fiscalización y Cumplimiento.

El impacto fiscal mayor está en la Oficina Central de Permisos, que asume y consolidad funciones dispersas en varias agencias e incorporar 17 oficiales nuevos a un costo anual de $1,035,457.

La postura del gobierno es que la inversión inicial para hacer valer el nuevo Código de Permisos va a superar la inversión estimada de $6.9 millones. Además de las plazas nuevas, hay otros gastos como modernización tecnológica ($2.5 millones) y ejecución y gobernanza ($2.7 millones).

La diferencia entre el dinero consignado de 1.7 millones para contrataciones y el resto: $5.2 millones, “se financiarán mediante una revisión presupuestaria que permita utilizar ingresos qyue el propio sistema de permisos ya genera y que hoy exceden la autoridad presupuestaria aprobada del DDEC”, lee la ponencia.

“En otras palabras, esta transformación se paga con los recursos que el sistema ya produce, sin requerir asignaciones extraordinarias al erario”, es la posición del gobierno.