La medida legislativa quedó sobre la mesa hasta agosto bajo la consideración de la Comisión que el presidente del Senado lidera.

La urgencia que tenía la Cámara de Representantes por aprobar el proyecto de ley que autoriza la permanencia de las casetas de La Parguera no es la misma, al parecer, que en el Senado.

Ya pasaron los primeros seis meses legislativos bajo la nueva administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Proyecto de la Cámara 269, medida enviada directamente por la gobernadora Jenniffer González Colón, no fue evaluado en el Senado.

Fue el pasado 23 de junio que la Cámara le dio el visto bueno al proyecto y, al siguiente día, el Senado lo refirió a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que preside Thomas Rivera Schatz.

Este proyecto es un eje protagónico lleno de controversias, primero, por haber sido radicado por González Colón cuando beneficiaría a sus suegros que gozan de propiedades en La Parguera.

Segundo porque, desde que asumió el cargo, una de las primeras controversias suscitadas fue cuando el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, archivó mediante una orden administrativa el caso que pesaba en contra de los suegros de la gobernadora.

Rivera Schatz, en un aparte con la prensa, fue neutral a la hora de asumir postura con el proyecto de ley y aseguró que si el Cuerpo en su mayoría entiende que no tiene beneficios el proyecto, sencillamente, no procederían para aprobarlo.

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«Nosotros vamos a mirar todos los proyectos con el mayor sentido de responsabilidad y nosotros no legislamos aquí con privilegio para nadie. Lo hemos demostrado más que con palabra, con hechos. Cuando el proyecto llegue aquí lo vamos a evaluar y lo que no nos guste, lo vamos a rechazar, tan sencillo. Aquí no hay instrucción de ningún sitio que favorezcamos a alguien o que no favorezcamos. A la delegación del penepé nunca le he pedido que voten de una manera, todo el mundo vota aquí libremente», fue la postura del presidente del Senado.

Mientras, el portavoz alterno del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González Costa, le expresó a este diario digital que su percepción sobre el proyecto es que la mayoría penepé extenderá el proceso de la medida solo para demostrar que están llevando a cabo una investigación rigurosa.

«Solo el tiempo dirá si la evaluación que haga el Senado tiene como desenlace el que no se apruebe tal proyecto. La experiencia nos dice que no hay una preocupación genuina en proteger los recursos naturales y particularmente en el caso de La Parguera, la firma de la Orden Administrativa que persigue el mismo fin que dicho proyecto de ley, no fue un obstáculo para que el Senado aprobara el nombramiento de Waldemar Quiles como secretario del DRNA. Por lo tanto, no me sorprendería que se apruebe en el Senado aunque recurran al disimulo de una extensa evaluación como en el caso del propio nombramiento de Waldemar Quiles», sostuvo.

Por su parte, el senador popular Luis Javier Hernández, proyectó un ánimo de resistencia por parte de todos los senadores a la aprobación de la medida.

«Lo primero es que me satisface el que no se le haya dado paso a este proyecto por parte del Senado, porque me parece una locura que la gobernadora de Puerto Rico pretenda como prioridad legislativa atender un asunto que beneficia a su familia directa. Dicho eso, me alegra que los compañeros del Senado no se hayan prestado para esa patraña, y yo espero que cuando comience la sesión legislativa en agosto, no se apruebe ese proyecto”, apuntó.

“Mi parecer, se deben celebrar vistas públicas, desde luego, para escuchar el sentir de la gente, pero yo creo que sienta un mal precedente. Ningún funcionario electo debe atender un tema que adelante una causa personal bajo ninguna circunstancia, y eso incluye a la gobernadora. Si vemos visto el tracto legislativo, el Senado ha sido valiente en enfrentar a la gobernadora en varias instancias. Yo espero que esta sea una en la cual todos podamos unirnos en un frente común, porque no podemos permitir que la gobernadora atienda un asunto personal habiendo tantas situaciones en el país que son prioridad. El tema energético es una prioridad, el tema de la reforma contributiva es una prioridad, el tema de la reforma de permisos es una prioridad, el tema de atender el asunto de salud es una prioridad, pero esto no es una prioridad”, concluyó.

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¿Qué establece la medida?

Se requerirá cobrar una licencia o canon anual por el uso de los terrenos públicos y de agua que ocupen a partir de la vigencia de esta ley.

Las residencias están sujetas a cánones por el uso de la superficie por un término de 20 años y sujeto a renovación al culminar el periodo. Mientras, los cánones se podrán cobrar entre un 5% y un 10% mayor a lo cobrado por el DRNA a las marinas y muelles.

Estas estructuras deben cumplir con los reglamentos y la prevención de contaminación y de no cumplir, se podrá prohibir el uso de la propiedad así como requerir remoción del litoral costero.

Este proyecto también permite reparar las estructuras, pero quedaría prohibido hacer nuevas obras de construcción fuera de la huella de ocupación de la estructura.

El DRNA además «ordenará a los propietarios afectados, so pena de una sanción administrativa de hasta $5,000, para que presenten ante dicho Departamento certificaciones juramentadas por un ingeniero o agrimensor, con licencia para ejecutar la profesión en Puerto Rico, sobre la huella existente de las residencias, muelles y estructuras ubicadas en el litoral costero en terrenos de dominio público y las aguas del poblado de La Parguera del Municipio de Lajas».

La extensión de dicha zona «comprenderá todas las estructuras ubicadas en terrenos de dominio público de la zonas marítimo terrestre y las aguas en el litoral costero del Poblado de La Parguera desde Cayo Bayo hasta Punta Papayo. La definición de estos puntos la determinará el DRNA».

El DRNA tiene que, además, promulgar reglamentación a tenor con lo dispuesto en esta ley dentro de seis meses de su aprobación.

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