Después de que el proyecto de ley se había dejado en el tintero en la pasada sesión.

La Cámara de Representantes aprobó el controvertible proyecto que regular el uso y operación de residencias, muelles y estructuras ubicadas en el litoral costero de dominio público en La Parguera, Lajas.

El Proyecto de la Cámara 269, radicado por la administración de Jenniffer González, fue considerado por medio de descargue en el pleno y aprobado con enmiendas.

La problemática de esta medida se intensifica desde la controversia que vincula a la gobernadora debido a que sus suegros tenían un caso que fue archivado por el actual secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambiantales (DRNA) Waldemar Quiles, por la construcción ilegal y daños ambientales en La Parguera.

La medida fue aprobada el mismo día que la exsecretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, fue citada por el Departamento de Justicia para testificar sobre la pesquisa de la famosa orden administrativa que firmada por Quiles que archivaba varios casos relacionado a las casetas en la zona marítimo terrestre en La Parguera.

‘»Esto se comenzó con el DRNA y ya varios propietarios de la estructura se han comunicado con la agencia para comenzar el proceso. La Parguera no se vende, no se transfiere. La Parguera permanecerá bajo el control absoluto del pueblo de Puerto Rico», expresó la presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, la representante Elinette González Aguayo.

Por su parte, el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, arremetió contra las intenciones del proyecto de ley, insistiendo que la medida solo busca legalizar que estructuras privadas permanezcan en zonas de dominio público.

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«A quien se le ocurre que el tercer proyecto de ley de la administración sea uno diseñado para terminar un problema de los suegros de la gobernadora y si quedaba duda, el beneficioso proyecto olímpicamente se hereda. No porque lo digo, sino porque lo escribieron en el proyecto de ley. Es un mal día para los recursos naturales, para los empleados de Recursos Naturales, para todos es un mal día la aprobación de este proyecto de ley que desde su contenido en nada beneficia al país y nada beneficia a La Parguera», sostuvo.

Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad, agregó en el debate que «esto se da en una administración que tiene cero conflicto de intereses en esta zona. Primero se hizo una orden administrativa y ahora mediante esta medida que será aprobada. Este proyecto se ha convertido en un issue político. No nos quedan más dudas que respuesta por lo que no puedo favorecer esta medida».

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, destacó que participó de las vistas públicas, pero no encontró postura del Cuerpo de Ingenieros sobre el asunto de La Parguera.

«Unos vienen a servir y otros vienen a servirse. Invito a utilizar el poder de forma beneficiosa. No vamos a permitir que se utilice el poder de favorecer a los familiares de la gobernadora. No pueden dejar que la gobernadora legalice las estructuras que son de sus suegros y que el país completo lo sabe. Lamentablemente, tienen la oportunidad de votar e contra para que no se legalice las estructuras de La Parguera. El virus de la arrogancia, el virus de la utilización de poder sin escrúpulos se está contagiando», resaltó Ferrer Santiago.

Trasfondo del proyecto

Con esta medida, se requerirá cobrar una licencia o canon anual por el uso de los terrenos públicos y de agua que ocupen a partir de la vigencia de esta ley.

Las residencias están sujetas a cánones por el uso de la superficie por un término de 20 años y sujeto a renovación al culminar el periodo. Mientras, los cánones se podrán cobrar entre un 5% y un 10% mayor a lo cobrado por el DRNA a las marinas y muelles.

Estas estructuras deben cumplir con los reglamentos y la prevención de contaminación y de no cumplir, se podrá prohibir el uso de la propiedad así como requerir remoción del litoral costero.

Este proyecto también permite reparar las estructuras, pero quedaría prohibido hacer nuevas obras de construcción fuera de la huella de ocupación de la estructura.

El DRNA además «ordenará a los propietarios afectados, so pena de una sanción administrativa de hasta $5,000, para que presenten ante dicho Departamento certificaciones juramentadas por un ingeniero o agrimensor, con licencia para ejecutar la profesión en Puerto Rico, sobre la huella existente de las residencias, muelles y estructuras ubicadas en el litoral costero en terrenos de dominio público y las aguas del poblado de La Parguera del Municipio de Lajas».

La extensión de dicha zona «comprenderá todas las estructuras ubicadas en terrenos de dominio público de la zonas marítimo terrestre y las aguas en el litoral costero del Poblado de La Parguera desde Cayo Bayo hasta Punta Papayo. La definición de estos puntos la determinará el DRNA».

El DRNA tiene que, además, promulgar reglamentación a tenor con lo dispuesto en esta Ley dentro de seis meses de su aprobación.

La votación cerró con 36 votos a favor y 15 en contra.

Ahora pasará a la consideración del Senado.

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