Según el comisionado residente Pablo José Hernández, en Puerto Rico se ha actuado de manera «impropia».

El exgobernador Pedro Pierluisi no es el único que ha asumido postura y reclamado sensibilidad en cuanto al tema de la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump y las redadas que ocurrido en Puerto Rico.

También el comisionado residente, Pablo José Hernández, aseguró que se «actuó de manera impropia» los pasados días cuando se entregó información a la oficina de inmigración en Puerto Rico.

A pesar de que Hernández dijo que la administración de Jenniffer González Colón ha intentado remediar el fallo, insistió que, por su parte, se ha dedicado a ser un apoyo de los indocumentados que son procesados por inmigración sin razón.

Según la Oficina de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), unas 20,000 personas residen en Puerto Rico sin estatus migratorio definido.

Unas 2,000 personas- de esas 20,000- tienen órdenes finales de deportación, lo que significa que ya han pasado por todo el proceso y no hay nada que se pueda hacer para mantenerlos en lo que en muchos casos ha sido su hogar por más de 20 años.

«Creo que como la mayoría de los puertorriqueños, queremos vivir en un país de ley y orden. Queremos que las personas que emigren a Estados Unidos, lo hagan con sus documentos al día. Entendemos que si una persona está aquí indocumentado, comete un crimen, debe enfrentarse a un proceso de deportación, pero, parte la ley y orden es que los procesos se lleven a cabo dentro de la ley y el orden», expresó el comisionado residente en el programa Cara a Cara de NotiCel.

«Lo que ha ocurrido aquí con las enredadas es que se han llevado personas inocentes, han aterrorizado comunidades independientemente estén cumpliendo o no con la ley y para mi, eso se resuelve con una mayor sensibilidad», agregó.

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La administración de González Colón ha estado en el ojo de la controversia después de que se difundiera que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) llevara varios meses colaborando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) compartiendo información de los conductores registrados en Puerto Rico.

«Se actuó de manera impropia cuando la oficina de inmigración pidió datos de las licencias de conducir de los inmigrantes, licencias que fueron otorgadas dentro de la ley y datos que el gobierno de Puerto Rico, no estaba obligado por ley y luego trascendió que tampoco por orden judicial para divulgar», indicó.

«Para mí eso es una traición, que el gobierno le diga a cualquier persona, dame tus datos privados y te vamos a dar esto a cambio y luego entregue esos datos sin una orden judicial, por una mera solicitud de información. Eso está altamente impropio y constituye una traición para la comunidad inmigrante», sostuvo.

El comisionado residente, quien independientemente de sus ideales es parte de la administración actual, agregó que bajo su percepción lo correcto era litigar las ordenes judiciales.

«Creo que la administración, sin anunciarlo, reconoció su error y por eso ha dicho que solamente entregarán información de otras agencias si les llega una orden judicial. Eso por si es un requisito adicional que no tuvieron con el DTOP. Encima de eso, yo exigiría que se litiguen esas ordenes judiciales, que las impugnen en los tribunales, como ya han hecho en distintos estados», comentó.

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«Por ejemplo, ya hay 20 estados que se unieron en una demanda en contra de lo que consideran el chantaje de que el gobierno federal les exige cooperación de inmigración a cambio de darles fondos federales. Creo que el gobierno de Puerto Rico si de verdad quiere defender a su comunidad inmigrante, debe hacer valer todos sus derechos antes de cooperar», puntualizó.

Hernández indicó que como parte de extender su solidaridad y ayuda a la comunidad inmigrante, ha estado uniendo esfuerzos sobre el tema de los derechos civiles contra inmigrantes y «los errores que se han cometido en esas enredadas».

«Por ejemplo, recientemente llevaron a una persona que estaba aquí (Puerto Rico) documentada, no ha tenido contacto con su abogado, no se conoce su paradero, ha trascendido que puede que esté en Florida o en Texas y eso ha requerido que junto a 17 congresistas enviemos cartas y exijamos rendición de cuentas a las agencias de inmigración», concluyó.