Una jueza federal mantuvo la fecha del juicio para agosto mientras ocurren conversaciones que podrían evitar el proceso en el que está involucrada la exgobernadora Wanda Vázquez.

La jueza federal Silvia Carreño Coll mantuvo para agosto el juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini, mientras los acusados discuten con sus representantes legales la posibilidad de llegar a acuerdos para disponer del caso sin llegar al juicio.

En una vista de seguimiento hoy, el único cambio en el calendario del caso es que la jueza accedió a una solicitud de la defensa de Herrera Velutini, Christopher Kise, para posponer hasta el 20 de julio todas las mociones que están pendientes de someterse. Si hay acuerdo, ese plazo se convierte en académico, así como una conferencia con antelación a juicio el 23 de julio y el juicio propiamente, que está para el 25 de agosto.

El lunes se podría informar al tribunal si hay acuerdos.

La jueza ya denegó dos mociones de desestimación que estaban pendientes. Ambas por fundamentos similares sobre que las alegaciones que se hacían en contra de la fortaleza del caso eran materia para que el jurado las aquilatara, no la corte.

La posibilidad de un acuerdo en este proceso, que inició en agosto de 2022, se conoció públicamente a fines de mayo, cuando la jueza denegó una solicitud de las partes para mantener confidencial una moción en la que daban cuenta de que el 30 de mayo habría una reunión en el Departamento de Justicia federal en Washington DC en la que los abogados y representantes de alto nivel de la fiscalía proseguirían conversaciones que ya habían iniciado.

En la vista de hoy, el fiscal Nicholas Cannon confirmó que ha ocurrido “progreso significativo” en las últimas dos semanas y que había un “marco de un arreglo que puede evitar un juicio”, pero que los abogados de defensa necesitaban más tiempo para discutirlo con sus clientes.

“En última instancia, hay interés en evitar un juicio”, puntualizó.

La alegación del gobierno es que Herrera Velutini se enfrascó en un esquema de sobornos para evitar fiscalización del banco que tenía en la isla, Bancrédito International Bank & Trust, y, a la vez, para ganar poder en el sector bancario local mediante controlar la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. A esos efectos, habría dado apoyo económico a Vázquez Garced para su primaria de 2020 y esta, a su vez, le habría respondido despidiendo al jefe de esa oficina para sustituirlo con un asesor de Bancrédito. Tras la derrota de Vázquez Garced, el banquero habría intentado hacer lo mismo con el exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia con donativos polítivos en exceso del límite legal tramitados a través del convicto recaudador, Joseph Fuentes Fernández.

El desarrollo del caso hasta ahora ha estado marcado por un estancamiento en el descubrimiento de prueba con los acusados levantando objeciones constantes por la cantidad de prueba que el gobierno les entregó, principalmente sacada de los teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico, y la falta de especificidad sobre cuál de toda esa prueba se usaría en juicio.

Aún así, no había surgido un indicio de que las partes estuvieran conversando para llegar a un acuerdo y evitar juicio hasta este año, después de que Justicia federal bajo la segunda administración del presidente Donald Trump demostrara una disposición para manejar casos criminales con motivaciones que no tienen que ver con los hechos ni el derecho del caso sino con la política pública. Por ejemplo, retiraron cargos contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, a cambio de su apoyo a la política de deportaciones. Esa decisión provocó que uno de los fiscales asignados al caso Bancrédito, Ryan Crosswell, renunciara al departamento.

En este caso, en agosto pasado se unió a la defensa de Herrera Velutini el licenciado Christopher Kise, quien fue abogado de Trump en el caso civil de fraude que enfrentó en Nueva York y también la acusación criminal por retener documentos confidenciales en su casa de Florida. Kise fue procurador general de Florida y la actual secretaria de Justicia, Pamela Bondi, es también una exabogada de Trump que fue secretaria de Justicia de Florida.

Vea:

Cita en DC podría resultar en que caso de Wanda Vázquez no llegue a juicio