Primero mencionaron que podría afectar los fondos federales y, luego, la directora dijo estar «abierta al diálogo».

La nueva administración en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) reflejó ambigüedades en sus posturas sobre el proyecto que busca trasladar la conservación y custodia del patrimonio cultural de Puerto Rico al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Según Melissa M. Santana, nueva directora ejecutiva del ICP, el controvertible Proyecto del Senado 273 de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, podría tener el efecto de «prescindir décadas de desarrollo cultural, desconectando el quehacer artístico y patrimonial de su razón de ser que es servir al pueblo mediante la afirmación de nuestra cultura».

Sin embargo, durante la vista pública de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales que preside la senadora Marissa Jiménez, Santana cambió de versión en varias ocasiones para dejarle saber a los senadores que, a pesar de estar en contra del propósito de la medida, estaba «abierta al diálogo».

Las reservas que tiene el ICP en cuanto a la medida es el temor de que el cambio al DDEC pueda afectar los fondos federales que se reciben bajo la categoría de «State Arts Agency» que no es otra cosa que un reconocimiento que otorgan a programas artísticos.

Dichas iniciativas subvencionan programas culturales, artísticos, históricos y educativos, fomentando la participación artística. Se benefician tanto entidades sin fines de lucro como actividades individuales, gobiernos municipales, instituciones educativas y otras organizaciones gubernamentales.

«Qué es lo que nosotros entendemos que está desconectado (de estar bajo el DDEC), es por los fondos que recibimos que no son para la administración del instituto, son los fondos que nosotros damos a todo individuo, artista en todas las expresiones culturales. Tendríamos que ver si se afectan de una manera u otra porque al ICP lo designan como un State Arts Agency«. Afectaría no a la estructura, afectaría los servicios que nosotros damos», sostuvo Santana.

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El ICP anualmente recibe aproximadamente $1 millón por estar bajo esa categoría y, a su vez, $15 millones que son asignados por parte del Fondo General.

«Esa es mi preocupación porque nosotros podemos hacer un ICP más ágil, traer gente adicional, pero lo que se afectaría es lo que hacemos como instituto», agregó.

Jorge del Río, quien es asesor legal del ICP, añadió a la discusión que mantener el ICP en su naturaleza facilitaría la entrada de más fondos federales.

«La estructura del Instituto como corporación pública entendemos que facilita una agilidad de fondos federales, pero también con la National Assembly of State Arts Agencies (NASAA) que es una organización sin fines de lucro en el que tenemos acuerdos de colaboración», indicó Del Río.

A pesar de la explicación que se ofreció, la presidenta de la Comisión, Marissa Jiménez, insistió en que el ICP lleva 70 años de mala administración con un craso problema económico.

«Es que uno de los puntos que usted plantea es que no podemos verlo como algo económico, pero ese es el mayor problema, que no lo vemos como algo cultural que enriquece a Puerto Rico. No he visto al ICP apoyando a nuestros jóvenes para los viajes. Han tenido los espacios para proteger la cultura y tampoco ha estado pasando», insistió la senadora.

«Estamos abiertos al diálogo», contestó la directora ejecutiva del ICP.

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El P de la S 273, de ser aprobado, será el secretario del DDEC quien asuma la responsabilidad de promover la cultura, el arte y temas relacionados.

Bajo ese programa, también se asesorará a la Junta de Planificación en la reglamentación de construcción en las zonas que se identifiquen como valor histórico.

El presupuesto remanente del ICP a la fecha de entrada en vigor de esta ley será además transferido al DDEC.

Postura del DDEC

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), por su parte, solicitó en su turno en la vista pública, que ante el cambio drástico de colocar al ICP bajo el DDEC y tomando en cuenta de que sería sustancial, preferían sentarse a dialogar con los directivos para evaluar los pro y contra de la medida.

Luis Méndez del Nido, asesor legal del DDEC, explicó que la creación del ICP respondió a la necesidad de centralizar la gestión pública cultural en un momento histórico y, para ello, se le otorgaron 29 funciones de las cuales dos de ellas responsabiliza al ICP a permitir o no la construcción de zonas de valor histórico.

Bajo esas dos responsabilidades, el DDEC recomienda la aprobación del proyecto, entendiendo que ayudaría agilizar el proceso permisos.

«Integrar al DDEC en las funciones de valoración histórica y cultural de patrimonio edificado que actualmente lleva a cabo el ICP, agilizará el proceso de evaluación y otorgación de permisos, al tiempo que servirá para que se tome en consideración imperativos de desarrollo y crecimiento económico», sostuvo Méndez del Nido.

Por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), instó al Senado a evaluar el proyecto en el área presupuestaria, ya que no se asignan recursos como está la medida redactada, sino que propone que el presupuesto remanente del ICP a la fecha de la entrada en vigor de la propuesta legislativa, sea transferido al DDEC.

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