Especialmente afectará a los adultos mayores, personas sin acceso a tecnología o transporte y comunidades en zonas rurales.

Durante la vista pública de la Comisión de Gobierno del Senado, convocada bajo la Resolución del Senado 85, alcaldes de varios municipios rechazaron el cierre planificado de siete Centros de Experiencia al Cliente de LUMA Energy y advirtieron sobre las consecuencias que esa decisión tendría sobre sectores vulnerables de la población, en particular adultos mayores, personas sin acceso a tecnología o transporte, y comunidades en zonas rurales.

El alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, manifestó que el cierre de la oficina de servicio en su municipio representa una amenaza al acceso equitativo de servicios esenciales, ya que muchas personas no tienen los medios para interactuar con la empresa por vías digitales o telefónicas automatizadas.

En su ponencia, señaló que la oficina no solo provee servicios básicos, sino que también constituye un espacio donde la ciudadanía puede ser escuchada y atendida con dignidad. Indicó además que su administración ha recibido múltiples expresiones de preocupación de residentes desde que se conoció la intención de LUMA, y cuestionó los criterios operacionales y fiscales que justifican el cierre.

Jorge Pérez Heredia, alcalde de Utuado, coincidió en que la eliminación de estos centros de servicio ignora las limitaciones particulares de los municipios con geografía montañosa y comunidades dispersas. A juicio del funcionario, muchos residentes en su jurisdicción no dominan la tecnología, dependen de otros para movilizarse, y quedarían desprovistos de mecanismos accesibles para resolver reclamaciones o realizar pagos. El alcalde sostuvo que la medida proyecta una falta de sensibilidad institucional y reclamó a la empresa energética reconsiderar su decisión.

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Asimismo, en ponencias enviadas por escrito a la Comisión, el alcalde de Cayey también expresó su oposición. Denunció que la notificación del cierre se dio sin consulta previa a los municipios ni a las comunidades afectadas, y planteó que estos centros no pueden considerarse un lujo, sino una necesidad básica. Según expuso, la oficina de servicio en su municipio da apoyo también a residentes de pueblos cercanos, por lo que su cierre representa un retroceso en términos de equidad y acceso.

El alcalde de Santa Isabel, por su parte, advirtió que esta acción aumenta la brecha entre las poblaciones que viven en áreas urbanas y aquellas en municipios más alejados o con menos recursos. Afirmó que la oficina en su localidad ha sido clave para canalizar gestiones de residentes con problemas de facturación o servicio, y que su clausura impondrá cargas adicionales a personas con discapacidades, sin transporte privado o sin acceso a internet. Consideró que la decisión debilita la confianza de los ciudadanos en los servicios esenciales y solicitó que se explore una alternativa que permita continuar la atención presencial sin eliminar la oficina.

Tanto los alcaldes que comparecieron ante la Comisión, como los que enviaron sus ponencias escritas, coincidieron en que la medida de LUMA Energy excluye a poblaciones que requieren atención directa y que las justificaciones ofrecidas por la empresa no consideran adecuadamente las realidades sociales y económicas de gran parte del país.

Como parte del proceso investigativo que lleva a cabo el Senado, pidieron que se revisen los criterios utilizados por la empresa y que se exija la presentación de alternativas que garanticen acceso justo y continuo a los servicios.

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