La empresa dedicada a la administración y operación de servicios de salud a la población confinada retrasó el proceso de revisión clínica al no facilitarle el acceso a UTICorp a los expedientes médicos.

UTICorp, la empresa responsable de la auditoria a los servicios clínicos que presta Physician Correctional al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) le ha recomendado a la agencia, en cuatro ocasiones distintas, que ponga al contratista bajo un plan de acción correctiva.

Esto tras los incumplimientos que el asesor legal de la empresa auditora, Jorge Galva, encontrara al revisar el contrato entre el DCR y Physician Correctional.

Hasta el momento, UTICorp indicó que no les consta que el DCR haya acogido dichas recomendaciones.

Galva comentó que “la aparente falta de acción del DCR ante los señalamientos, hallazgos y recomendaciones de Uticorp debe ser motivo de atención prioritaria debido a los efectos negativos que esto puede tener sobre la salud y bienestar de la población carcelaria”.

Del mismo modo, la Dra. Sylvette Rivera aseguró que Physician Correctional estuvo al tanto de los hallazgos y recomendaciones durante todo el transcurso de la investigación; inclusive antes que Ana Escobar y el mismo DCR en ocasiones.

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Una vez culminó la vista pública pautada ayer martes por la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, su presidente, José Vargas Vidot expresó que «es obvio que Ivette Joan (mujer asesinada por Hermes Ávila Vásquez) estaría viva hoy si se hubieran escuchado los planteamientos de Uticorp que fueron contundentes. No solamente se le presentó una vez (al DCR), sino cuatro veces».

Según la ponencia de UTICorp, ya habían comunicado sus preocupaciones mediante una carta al DCR casi cuatro semanas previo al asesinato de Meléndez Vélez el 21 de abril. Le recomendaron explícitamente a la agencia que todos los casos debían revisarse, tanto los de confinados ya excarcelados como los que estuvieran peticionando el beneficio de excarcelación.

Asimismo, la ponencia de UTICorp estipula que tras su análisis, la compañía entendió que solo tres de los confinados excarcelados cumplían con los parámetros de la ley 25.

Respecto a que Physician Correctional aún tenga en contrato con la agencia, Vargas Vidot opinó que le «parece una cosa descabellada». Además, acusó a la secretaria del DCR, Ana Escobar, de «burlar el sistema de manera descarada» al mantener vigente su contrato y «premiarlos con $78 millones».

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Por otro lado, el presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado entiende que la empresa dedicada a la administración y operación de servicios de salud a la población confinada mintió bajo juramento al mostrar datos muy distintos a los presentados por UTICorp.

En su ponencia, UTICorp comentó que el DCR emitió una orden el 2 de agosto indicándole a la empresa auditora que cesara su investigación debido a que el contrato con la agencia no había sido extendido.

«Al presente UTICorp no está realizando estas labores por instrucciones categóricas de la secretaria del DCR. Entendemos que esta determinación, resoluble fácilmente mediante la renovación de un contrato que ya ha superado todos los niveles de aprobación necesarios, va en contra de los mejores intereses del propio DCR y tiene el potencial de ser altamente perjudicial para la población carcelaria sobre la cual el DCR tiene una muy puntual responsabilidad legal y ética», puntualizó UTICorp.