Uticorp, empresa auditora concluyó que el hombre convicto del asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega no padecía una enfermedad terminal.

UTICorp, la empresa responsable de la auditoria a los servicios clínicos que presta Physician Correctional al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) alega que Hermes Ávila Vázquez no padecía ningún tipo de condición o enfermedad terminal que le permitiera salir de la cárcel al amparo de la Ley 25 -992, que reconoce ese beneficio.

Asimismo, representantes de la firma catalogaron el proceso de revisión del paciente realizado por el panel médico de Physician Correctional como «deficiente, incompleto y mal ejecutado”.

Además, confirmaron la existencia de un patrón de rechazo de atención médica por parte de Ávila Vázquez, por lo que entienden que ese patrón debió haber provocado la intervención de un médico correccional.

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Durante la vista pública el martes pautada de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, el asesor legal de Uticorp, Jorge Galva, expresó que si Pysician Correctional hubiera hecho las cosas de manera adecuada, Ávila Vázquez no hubiese sido elegible para salir bajo la Ley 25.

Según la ponencia de UTICorp, ya habían comunicado sus preocupaciones mediante una carta al DCR casi cuatro semanas previo al asesinato de Meléndez Vélez el 21 de abril. En la misma, recomendaron explícitamente a la agencia que todos los casos debían revisarse, tanto los de confinados ya excarcelados como los que estuvieran peticionando el beneficio de excarcelación.

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Del mismo modo, en su ponencia, la empresa alega que «el expediente (de Hermes Ávila Vázquez) refleja a un individuo estable, autosuficiente y capaz, afectado solo por algunas enfermedades menores y su supuesta paraplejia, que resultó inexistente».

En la ponencia también estipulan que «el contenido de las historias clínicas del exconfinado refleja desorden, inconsistencia, falta de seguimiento y verdaderas contradicciones entre los miembros del equipo de Physician Correccional».

Por otro lado, en la revisión que llevó a cabo UTICorp, se halló que la empresa dedicada a la administración y operación de servicios de salud a la población confinada tenía los expedientes electrónicos desorganizados, por lo cual dificulta el proceso de examinar cuáles notas pertenecen a qué condición de salud.

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También encontraron que no se documentan correctamente las fechas de los movimientos del paciente ni el lugar a donde se traslada, especialmente con hospitales externos. Asimismo, se toparon con pacientes estables y con órdenes de alta, pero que permanecían varios días antes de ser trasladados nuevamente a las instituciones penitenciarias.