Una oficial correccional afiliada al PPD imputa traqueteos con los exámenes de ascensos para beneficiar a leales del PNP.

Lo que en abril fue una de las denuncias que hizo sobre el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) el exprecandidato al Senado por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Diaz Sánchez, ahora es una demanda federal con una reclamación millonaria.

La oficial correccional Karen Montes Rabri, quien tiene una posición de carrera como teniente segunda en el DCR, sometió esta semana una demanda en el tribunal federal imputando que el proceso de ascensos que la agencia llevó a cabo en 2023 fue manipulado para favorecer a oficiales afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP).

La mujer, oficial desde 2002, alegó que la agencia anuló dos exámenes de ascenso porque no salían bien los oficiales del PNP a los que interesaban beneficiar y, en una tercera vuelta, optaron por una evaluación por “mérito” que resultó en que todos los beneficiados eran penepés. Además, de la veintena de ascensos anunciados, solo tres eran mujeres. Varios de los ascendidos habían posado con la secretaria de la agencia, Ana Escobar Pabón, en actividades partidistas. Escobar Pabón era la directora de movilización electoral de la campaña primarista del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

En su reclamación de $3 millones, Montes Rabri indica que inicialmente su solicitud recibió en dos ocasiones una puntuación más baja a la que había recibido antes en procesos de ascenso. Luego tomó un primer examen de 65 preguntas del cual nunca le informaron su puntuación y, en vez, solo recibió una citación para tomar el examen otra vez. A la oficial le dijeron que los resultados del primer examen serían destruidos. Entonces, bajo protesta, tomó un segundo examen que tenía 10 preguntas, en vez de 65. La agencia descartó este examen y optó por una evaluación “por mérito”.

La demanda plantea que la destrucción de los resultados del primer examen fue para eliminar la evidencia de quiénes habían tenido las puntuaciones altas y quiénes las bajas; y que descartar el segundo examen respondió a que los oficiales penepés seguían obteniendo resultados bajos. Esto, a pesar de que los codemandados “Gerardo Ramírez Aponte (comandante de Guayama 500), Jose L. Mercado Cordero (director de seguridad en Guayama), el teniente coronel Adam Miranda Maldonado (subdirector de seguridad del DCR) y el coronel Geovanny González (director de seguridad del DCR) todos usaron sus respectivas posiciones para compartir las preguntas del examen a otros miembros del PNP”.

Pierluisi Urrutia anunció los ascensos en agosto de 2023 sin que la agencia notificara los resultados de los exámenes ni explicara por qué no concedió ascensos a solicitantes como la demandante. El grupo de demandados incluye a Escobar Pabón.

Además de la denuncia sobre este proceso de ascensos, el precandidato Diaz Sánchez, derrotado en las primarias del PPD, divulgó también que Escobar Pabón había agenciado un aumento de $44,000 anuales a su puesto de carrera, al que tendría derecho a volver si deja de ser secretaria de la agencia.