Pero una propone créditos contributivos con un impacto fiscal de $15 millones.

El senador Javier Aponte Dalmau junto al director estatal de la American Association of Retired Persons (AARP) José Acarón, llevaron a cabo una conferencia de prensa para anunciar tres medidas legislativas en beneficio del bienestar de los adultos mayores en Puerto Rico.

El primer proyecto radicado es el Proyecto del Senado 1453 que enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 para aumentar la cantidad del crédito contributivo personal y del crédito compensatorio para los pensionados y mayores de 65 años de bajos recursos.

Ahora, se concedería un crédito reembolsable de $300 para los pensionados cuya única fuente de ingreso es una pensión anual que no excede $4,800.

Además, se concedería un crédito reembolsable de entre $200 a $400 a adultos mayores de 65 años o más cuyo ingreso bruto anual no excedan $15,000 ($30,000 para matrimonios). Todo incluyendo los beneficios de Seguro Social.

Con este proyecto, aumentaría de entre $200 a $500 a los que reciben no más de $15,000 anuales. Para los que ingresan $4,800, aumentaría de $300 a $400 anuales.

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“Este proyecto y este aumento, si van a preguntar cuánto costaría al erario público, pues estamos hablando de que ahora que estamos en proceso de vistas de presupuesto, esto pudiese costar al erario público, menos de $15 millones”, expresó Aponte Dalmau.

“Todo para palear la inflación…Son fondos que los pueden ayudar a comprar medicamentos, atender sus cosas. Todo esto mientras LUMA gasta $15 millones más de su presupuesto y se aumenta a los empleados de confianza del gobierno su salario…hay que ver ¿cuál son las prioridades de este país?”, continuó.

La segunda medida es el Proyecto del Senado 1455, que enmienda el Código Civil del 2020 para supuestamente subsanar una omisión en reconocer el derecho de los abuelos y tíos a relacionarse con sus nietos o sobrinos una vez ocurre la disolución del núcleo familiar, ya sea por la muerte de uno de los progenitores o por divorcio, a menos que exista una justa causa.

“Fue un efecto negativo el haber disuelto en el nuevo Código Civil ese artículo que protegía el derecho de los abuelos y tíos para relacionarse con sus nietos y/o sobrinos. Así que lo estamos devolviendo”, añadió el senador.

El tercer proyecto es el Proyecto del Senado 1454, que enmienda la Ley para el Empleo Prioritario de Personas Mayores de 60 años para expandir su alcance a varones de 65 años o más y mujeres de 62 años o más.

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“Nosotros lo que estamos buscando es priorizar a las personas de 60 años en adelante para que puedan culminar el término y poder recibir los beneficios del seguro social…”, añadió.

La medida también le solicita al Departamento del Trabajo que desarrollen unas listas de empleos para esta población.

“También dicta ejercer requisitos mínimos tanto al gobierno como al sector privado de reservar un mínimo de un 10% de empleos garantizados a esta población”, indicó.

El senador aprovechó hacer un llamado para que se agilice la aprobación del Proyecto del Senado 1085 que amplía la responsabilidad que se impone a los familiares, tutor legal o persona responsable por el abandono de personas adultas mayores en las instituciones médicas hospitalarias en la isla.

“Esto sucede todos los días en este país y las estadísticas dan miedo”, indicó Aponte Dalmau.

Esta medida está en la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes desde octubre 2023.

Aponte Dalmau, se comprometió en la conferencia de prensa a dialogar la próxima semana con los legisladores de todos los partidos para que favorezcan la aprobación de las medidas.

“Es importante abrir todas las barreras discriminatoria en todas las áreas del país porque la población mayor sigue siendo productiva…”, añadió Acarón.

La Encuesta de la Comunidad de 2022 reveló que población puertorriqueña de adultos mayores de 65 años constituye el 23.5% de la población con un nivel de pobreza de un 40.2%.

El censo determinó que existen 679,656 puertorriqueños mayores de 65 años, de los cuales 583,353 solamente reciben ingresos del Seguro Social.

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