Los 63 meses de cárcel a los que fue sentenciado el exalcalde de Guaynabo son el punto medio de lo mínimo y lo máximo que podía esperar, según las circunstancias de su caso.

La jueza federal Aida Delgado Colón condenó al exalcalde de Guaynabo, Ángel Antonio Pérez Otero, a 63 meses de cárcel tras ser hallado culpable de un esquema de sobornos en el que el contratista corrupto, Oscar Santamaría Torres, le pagaba $5,000 mensuales para conseguir contratos y otros beneficios en esa ciudad metropolitana, como lo hizo con varios otros alcaldes.

De los alcaldes que las autoridades federales acusaron desde 2021, Pérez Otero fue el único que decidió ir a juicio y en marzo pasado fue encontrado culpable tras un juicio en el que fueron testigos Santamaría Torres y el convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo.

Los 63 meses son el punto de convergencia medio entre la recomendación de sentencia mínima (51 a 63 meses) y la máxima (63 a 78 meses), por lo que la determinación de la jueza no implica variación de las guías de sentencia, pero sí un rechazo total a la petición que hizo la sentencia de que la sentencia solo fuera de 23 meses en probatoria.

Pérez Otero no usó su derecho a dirigirse al tribunal para pedir clemencia. “No, su señoría, según las recomendaciones de nuestros abogados, no estaremos emitiendo comentarios”, contestó a la jueza. El convicto se quitó los espejuelos y pareció secarse lágrimas después de escuchar la sentencia. Su única otra expresión la hizo fuera de sala cuando, al preguntársele si había sido un “conejillo de Indias” de otras personas que querían adelantar sus propios intereses, dijo “analicen”.

“Muy respetuosamente objetamos la sentencia como una sustantiva y procesalmente irrazonable”, reaccionó uno de sus abogados, José R. Olmo, quien confirmó la intención de apelar el veredicto. Luego la defensa particularizó que uno de los puntos en apelación será que, justo después de su arresto, la fiscalía circuló la foto notoria en la que Santamaría Torres le pasa un sobre con $5,000 en efectivo dentro de un vehículo. Los defensores entienden que esto afectó su derecho a un juicio justo y contaminó a los jurados potenciales.

Antes de emitir la sentencia, el fiscal Nicholas Cannon enfatizó que “cualquier cosa menos de 63 meses… no tomaría en cuenta la seriedad del delito, la ausencia de aceptación de responsabilidad ni atendería el asunto de disuadir a otros”. Insistió en que Pérez Otero sigue sin aceptar responsabilidad o mostrar arrepentimiento por sus actos.

Buena parte de la vista discurrió en una discusión técnica sobre elementos del caso como cuántos sobornos se iban a contar para efecto de sentencia y cuánto dinero. La jueza sopesó varias formas de calcular la totalidad del soborno con relación a la evidencia en el caso y falló por un cálculo que no era el máximo, pero que tampoco hacía diferencia neta en la sentencia. Oficialmente, el soborno total quedó fijado en $65,000 acumulados en pagos de $5,000 que Santamaría Torres daba aproximadamente mensualmente.

Todo esta discusión previo a conocerse la sentencia llevó la tensión en sala a un punto alto. Cuando llegó el momento, la jueza explicó que la misma conducta y trayectoria ejemplar que la defensa presentó para pedir clemencia es la base para una sentencia de cárcel porque significa que el exfuncionario tuvo oportunidades y porque fue mayor la traición de confianza que cometió con sus actos criminales. “El señor Pérez Otero sabía mejor que nadie”, comentó la jueza sobre la violación de confianza pública.

Guaynabo eligió alcalde a Pérez Otero después de que tuvo que renunciar a la posición el también convicto criminal Héctor O‘Neill.

El convicto tiene un hijo mayor de edad que sirve en las fuerzas armadas, de un matrimonio previo, y dos hijas menores de edad con su esposa actual, la exjueza superior Liza Fernández. Al particularizar en las menores, Delgado Colón opinó que se tratan de “una parte bien, bien triste de esta ecuación”, porque no son responsables pero sufren las consecuencias y planteó que no deben ser hostigadas en su escuela y en otros lugares porque “no son responsables de lo que pasó… son víctimas”.

“Por la estabilidad de la función del gobierno y de la democracia como la conocemos, los oficiales públicos tienen que ponerle fin a la corrupción, el pueblo de Puerto Rico se merece algo mejor”, añadió al subrayar los 19 casos de corrupción pública por soborno que ha tenido el tribunal recientemente y cómo los mismos no parecen haber sido lección suficiente para los funcionarios. La sentencia incluye tres años de probatoria y 160 horas de servicio comunitario pagado, incluyendo la posibilidad de participar en seminarios a funcionarios públicos sobre cómo evitar la corrupción. La pena no incluyó restituir dinero.

Pérez Otero, de 53 años, fue servidor público por 25 años incluyendo posiciones en la Oficina del Contralor, presidente de la juventud del Partido Nuevo Progresista (PNP), legislador en la Cámara de Representantes, alcalde de Guaynabo y líder de todos los alcaldes novoprogresistas como presidente de la Federación de Alcaldes.

Igual que en su juicio, ningún líder político lo acompañó en la vista de sentencia.

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