La acusación federal contra un gestor y cuatro empleados públicos se sale de la norma de casos de corrupción ya que va contra empleados de menor jerarquía y no contra un funcionario electo o jefe de agencia.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico se lanzó a un área de la corrupción pública que usualmente no recibe su atención cuando el viernes arrestaron a tres empleados del Departamento de Hacienda (DH) y un gestor por un esquema de sobornos relacionados al trámite de declaraciones de arbitrios para la importación de vehículos de motor.

La gestoría es prácticamente una industria en sí misma con cientos, si no miles, de personas dedicadas a cobrarle a los ciudadanos y empresas para realizarle diligencias ante las agencias públicas. Aunque en este caso se trata de vehículos de motor, la práctica se extiende a otras diligencias, particularmente el trámite de permisos. La práctica es legal, excepto cuando, como en este caso, se cruza la línea para llegar al soborno de empleados públicos para que autoricen cosas que no deben autorizar o para que las autoricen más rápido.

Según el pliego acusatorio, el gestor Ariel Puntado Montalvo introducía a propósito un número equivocado de identificación del vehículo (VIN en inglés) en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) para que la declaración de arbitrios de ese vehículo no fuera calculada automáticamente por el sistema, sino que requiriera la revisión de un oficial. Una vez la declaración levantaba esa bandera, el gestor notificaba por WhatsApp a alguno de los tres empleados arrestados para que la revisaran ellos y se la aprobaran con menos arbitrios de los que se supone que el vehículo pagara. Cuando el gestor quería mover una declaración más rápido, seguía un proceso similar. Sin una declaración aprobada, el vehículo no puede salir del puerto.

Los hechos ocurrieron entre abril de 2020 y mayo de 2021. De los 20 cargos que contiene el pliego, 15 son por comunicaciones de WhatsApp hechas para completar los trámites ilegales. Las autoridades detallaron que las declaraciones fraudulentas implicaron pérdida en el cobro de arbitrios de entre $831 a $4,255.64 por cada declaración, para un total de $19,517.98.

A cambio de esto, el gestor hacía pagos a los empleados mediante ATH Móvil de entre $50 y $500 para un total de $5,125. Los empleados acusados son Antonio “Tony Hacienda” Silva Rodríguez, Héctor “Vazquesito Hacienda” Vázquez Barroso y Doris Bonilla Valle.

En un comunicado, el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico hizo referencia a que esta acusación no es la típica que se concentra en sujetos de alto nivel. “La corrupción es un problema complejo con una variedad de causas y ninguna solución simple. Por eso es que atacar esta amenaza a todos los niveles y tener cero tolerancia es necesario para tener un impacto real”, dijo Joseph González.

El jefe de la fiscalía federal, W. Stephen Muldrow manifestó que esperaba que la acusación “sirva de advertencia a otros empleados públicos involucrados en este tipo de esquema”. Mientras que el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, se atribuyó haber alertado a las autoridades federales sobre este caso. “En 2021, yo compartí datos identificados a través de nuestros nuevos sistemas de información sobre fraude potencial en la importación de vehículos a la isla”, aseguró.

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