La defensa del exalcalde de Guaynabo objetó las cantidades y el valor de los pagos de soborno que se le imputan para aumentar su sentencia.

El Departamento de Justicia federal pidió a la jueza Aida Delgado Colón que envíe a la cárcel al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, entre cinco años y tres meses a seis años y seis meses por el esquema de sobornos del que fue encontrado culpable en marzo pasado tras un juicio en el que testificó el convicto contratista Oscar Santamaría Torres.

La solicitud de los fiscales Myriam Fernández González y Nicholas Cannon está contenida en un documento sometido de cara a la vista de sentencia que estaba señalada para el 8 de agosto pero que, tras la publicación original de esta historia, la jueza Aida Delgado Colón repautó para el 11 de diciembre. Esa fecha permitiría que el exalcalde pase Navidades con su familia en lo que se le asigna la prisión para cumplir su condena.

Para la sentencia, el tribunal también recibe un informe de la Oficina de Probatoria, el que las partes pueden objetar confidencialmente. La fiscalía, sin embargo, adelantó las dos objeciones que tuvo la defensa al informe de Probatoria para, de esa manera, argumentarle a la juez por qué no debe tomar en cuenta esas objeciones.

Probatoria añadió puntos al cálculo de la sentencia de Pérez Otero porque entiende que se enfrascó en esquemas de soborno separados y porque entiende que el dinero ilegal que recibió fueron al menos $85,000. En el primer punto, la defensa sostiene que el único acuerdo entre su cliente y Santamaría Torres fue que el último le hiciera donativos para pagar una deuda de campaña ascendente a $70,000. En el segundo, los abogados plantean que esos $70,000 no deben tomarse en cuenta para calcular la sentencia porque fue una cantidad recibida fuera del marco de tiempo que la fiscalía usó para acusarlo de conspiración, soborno y extorsión.

Los fiscales recordaron al tribunal que el testimonio del contratista corrupto fue que se acercó a Pérez Otero después de que tuvieron un distanciamiento porque el contratista había apoyado a Carmelo Ríos en la elección especial del Partido Nuevo Progresista (PNP) para llenar la vacante de Héctor O’Neill en la alcaldía de Guaynabo. Que de ese acercamiento surgió pagarle a Pérez Otero la deuda de $70,000 por esa campaña, pero que, una vez cumplido eso, siguió pagándole sobornos de $5,000 cada cuatro a seis semanas para “tenerlo de buenas” y mantener los trabajos municipales que le estaban asignado a través de su empresa, Island Builders.

Basado en esto, los fiscales argumentaron a la jueza que se trató de dos sobornos distintos, el del pago de la deuda de campaña y el que tenía de objetivo mantener y ampliar los negocios de la empresa con el municipio.

En cuanto al valor total de los pagos, la fiscalía admite que no presentó cargos relacionados a los $70,000, pero que el cálculo de ese valor para efectos de sentencia no tiene que ser “preciso” y que, si se examina el récord, la cantidad recibida de todos modos amerita el aumento en la sentencia por excederse de $40,000.

“Asumiendo, de manera conservadora, que el repago de la deuda (de campaña) ocurrió en todo 2019 y en una parte de 2020, eso significa que cada pago de $5,000 entre junio de 2020 y agosto de 2021, que, de acuerdo al testimonio de Santamaría ocurrió cada cuatro a seis semanas, debe ser contado en el cálculo del valor total (del soborno)”, proponen los fiscales a la jueza. Estos también resaltaron que la evidencia en el caso pone en duda que Pérez Otero realmente tuviera una deuda de $70,000 en su comité de campaña porque ni los récords bancarios ni los de la Oficina del Contralor Electoral apoyan esa aseveración. Esa deuda, parece ser una “total ficción”, aseguraron.

“El Sr. Pérez se reunió secretamente con Oscar Santamaría para llenarse los bolsillos con dinero en efectivo y le dio la espalda a la comunidad que fue electo para representar. Este esquema abarcó varios años y el Sr. Pérez hizo todo lo posible para asegurarse que los pagos de soborno no fueran detectados, incluyendo encubrir los mismos de las autoridades tributarias y oficiales electorales”, resaltaron los fiscales al solicitar una sentencia “suficientemente seria para desalentar tanto a los oficiales electos como a los dueños de negocios de enfrascarse en acuerdos tras bastidores de sobornos que socavan el gobierno y la competencia justa”.

El cálculo de Probatoria llega a un máximo de seis años y medio, pero el exalcalde se exponía hasta a 20 años, según los cargos por los que fue encontrado culpable. Los fiscales recordaron que ya han ocurrido otras sentencias en los esquemas de corrupción relacionados con Santamaría Torres y también recordó que el exjuez Manuel Acevedo Hernández fue sentenciado a 10 años por un soborno calculado en $63,380.

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Ángel Pérez… Culpable, culpable, culpable