La pieza legislativa especificó que, cualquier modificación a los contratos de empleo realizada por el patrono, sin el consentimiento expreso de la persona empleada, será nula

El Senado de Puerto Rico aprobó, en sesión ordinaria, una medida para establecer que las modificaciones de los contratos laborales requieran el consentimiento expreso de todas las partes: el patrono y el empleado.

El Proyecto del Senado 692 (P. del S. 692), de la autoría de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, se aprobó con 15 votos a favor y nueve en contra.

La medida busca enmendar la Ley 4-2017, conocida como “Ley de Transformación Flexibilidad Laboral”, y establecer que se deberá consentir, expresamente, por todas las partes los pactos para incluir métodos alternos para resolver disputas laborales.

Como parte de las enmiendas a la ley, las modificaciones propuestas al contrato de empleo original y vigente deberán incluir la opción de que la persona contratada pueda conservar el pacto original. Por esta razón, “ningún patrono podrá tomar represalias contra una persona empleada por ejercer dicha opción”.

De igual manera, la medida planteó que, cualquier modificación a los contratos de empleo realizada por el patrono, sin el consentimiento expreso de la persona empleada, será nula.

“Cualquier modificación al contrato de empleo deberá contar con el consentimiento expreso de ambas partes, mediante firma física o electrónica. Ningún patrono podrá tomar represalias contra una persona empleada por negarse a consentir a una modificación contractual”, añadió la medida como parte de las enmiendas.

Para defender la medida, la senadora Rivera Lassén tomó un turno, y explicó que el P. del S. 692 habla de unas protecciones para cobijar a las personas contratadas individualmente y a las organizadas colectivamente.

“La legislación protectora para la personas es vital para liberar a estas ante las propias ventajas que pueden tener los patronos en los procesos de reclutamiento, la contratación y el ascenso entre otros. El referido balance es requerido por el principio de la buena fe contractual de nuestro ordenamiento jurídico. El Estado tiene un interés apremiante en regular las relaciones laborales para prevenir prácticas que pueden ser injustas”, explicó la senadora.

De igual manera, Rivera Lassén indicó que la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales solicitó memoriales explicativos de los siguientes: la Oficina de Servicios Legislativos, la Unión General de Trabajadores (UGT), la Afiliación de trabajadores de Puerto Rico, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), el Departamento de Desarrollo y Comercio, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, Departamento de Justicia, entre otros.

“Es importante destacar que las preocupaciones principales levantadas por las entidades consultadas, como el Departamento del Trabajo, se refieren a que el lenguaje utilizado en la medida podría impedirle a un patrono implementar cambios ágiles que garantizan la continuidad u operación de su negocio. Esa preocupación fue atendida por la Comisión Informante en el entirillado de la medida”, aclaró Rivera Lassén.

El Senado retomará sus trabajos el próximo lunes, 5 de junio a la 1:00 p.m.