Apelativo sostiene revocación de permiso preliminar para negocio de cannabis del convicto Oscar Santamaría, aunque había traspasado corporación a esposa e hija.

El convicto contratista Oscar Javier Santamaría Torres, testigo principal de la fiscalía federal en el juicio que culminó con veredicto de culpabilidad contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, mintió al gobierno de Puerto Rico sobre el traspaso a su hija y esposa de una corporación con la que tramitaba un negocio de cannabis medicinal, sostuvo el Tribunal de Apelaciones.

El Poder Judicial no publica en tiempo real las decisiones de sus tribunales revisores, por lo que esta determinación del apelativo, con fecha del 27 de febrero, no se conoció hasta este miércoles, días después de que Santamaría Torres ocupara el banquillo de los testigos en el juicio contra Pérez Otero.

NotiCel había publicado desde el año pasado la incursión del convicto contratista en la industria del cannabis medicinal a través de la empresa Saint Mary Investment LLC, y del nombre comercial Fresh Flowers, así como las controversias alrededor de la misma, pero al hombre no se le hicieron preguntas sobre esto durante el juicio.

Apelaciones tenía ante sí una solicitud de Saint Mary que impugnaba la decisión de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (JRCM) de revocar la precualificación que la había extendido a la empresa para iniciar trámites conducentes a desarrollar siete establecimientos de cannabis medicinal. Esta cantidad incluye una planta de procesamiento en Cidra que comparte predio con el negocio de Santamaría Torres sobre el que gira su convicción por corrupción, la corporación de recogido de desperdicios sólidos, Waste Collection.

La JRCM extendió la precualificación a Saint Mary el 3 de noviembre de 2021. En la solicitud, Santamaría Torres aparece como dueño del 95% de la empresa y su hija, Lindamari, graduada de ingeniería industrial en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, aparece como dueña del 5%.

El 20 de noviembre, poco más de dos semanas después de conseguir la precualificación, Santamaría Torres se declara culpable en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por actos de corrupción mediante los que consiguió contratos públicos a cambio de sobornos a alcaldes.

La declaración de culpabilidad estuvo precedida de meses durante los que cooperó activamente con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y realizó grabaciones encubiertas, incluso a Pérez Otero en tres ocasiones. Por tanto, cuando solicitó y obtuvo la precualificación para Saint Mary, ya estaba cooperando y se dirigía a declararse culpable.

Aunque está prohibido que una persona con antecedentes penales esté relacionado con negocios de cannabis medicinal sancionados por el gobierno, la JRCM no tomó ninguna acción sobre la precualificación hasta casi un año después, 7 de octubre de 2022. Esto, como resultado de una solicitud de cambio de dueño que sometió Saint Mary, y meses después de que NotiCel publicara la intervención de Santamaría Torres en las gestiones de Saint Mary y Fresh Flowers.

Santamaría Torres no buscó el cambio de dueño a raíz de su declaración de culpabilidad en noviembre, sino en marzo, después de que el Tribunal de Primera Instancia emitiera una orden que le prohibía personalmente enajenar sus bienes, debido a un pleito pendiente en el que el Municipio de Cataño intenta conseguir el repago de los contratos que el ayuntamiento le otorgó al convicto como parte del esquema de sobornos que ejecutó allí con el exalcalde, Félix “El Cano” Delgado Montalvo.

La secuencia de eventos es que el 9 de marzo de 2022 se somete la solicitud de cambio de dueño en la que Santamaría Torres firma resolución corporativa que dice que, el día antes, ocho de marzo, había designado a nuevos miembros de la Junta de Directores, así como que había nombrado a su hija y esposa como nuevas dueñas de Saint Mary con participación de 50% cada una. Sin embargo, como parte de la evaluación de la solicitud, sometió también una declaración jurada firmada en agosto de 2022 en la que dice que el 16 de diciembre de 2021 traspasó sus acciones a su hija y esposa y que desde ese mismo día en diciembre no es dueño, accionista u oficial de Saint Mary “ni participo en la toma de decisiones”.

Por un lado, no tiene posiciones ti toma decisiones en Saint Mary desde diciembre, pero, por otro lado, en marzo firmó la resolución corporativa haciendo el traspaso.

La declaración jurada indicando que todo había ocurrido en diciembre, en vez de en marzo, está respaldada por declaraciones juradas con igual afirmación de parte de su hija y de su esposa, Noelia Santos Rodríguez. La razón por la que era deseable para Santamaría Torres que el traspaso quedara consignado el 16 de diciembre fue que la determinación del tribunal que le prohíbe enajenar bienes es del 28 de diciembre. Donde se le descuadró la jugada fue en suscribir resolución corporativa en marzo.

“La JRCM señaló la existencia de contradicciones, porque el señor Santamaría declaró que, desde el 16 de diciembre de 2021, no ha realizado ninguna gestión de negocios, ni ha tenido ninguna relación ni participación en la toma de decisiones de la corporación. No obstante, el 8 de marzo de 2022, nombró a los nuevos dueños y miembros de la Junta de Directores… La conclusión de que la recurrente sometió información falsa y contradictoria ante la JRCM es más que evidente”, concluyó el panel de jueces apelativos compuesto por Félix Figueroa Pagán, Fernando Rodríguez Flores y la ponente, Grace Grana Martínez.

Los jueces consignaron que “[l]a credibilidad de (Saint Mary) quedó gravemente lesionada por las incongruencias y contradicciones existentes en la prueba que presentó ante la (JRCM)”, pero también avaló lo obvio, que la Junta podía revocar la precualificación por el status de convicto que tiene el dueño de la empresa.

Durante su comparecencia como testigo del gobierno contra Pérez Otero, el contratista se ufanó de que “[y]o era un experto creando compañías, yo sé crear compañías” y también se desentendió de cualquier negocio privado o contrato público que tuviera actualmente Waste Collection porque su esposa y otras personas eran los nuevos dueños.

Ya en noviembre de 2022, el apelativo había dado otro golpe a los intentos de Santamaría Torres por incursionar en el cannabis medicina cuando sostuvo la denegatoria de consulta de ubicación que emitió la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) contra el centro de manufactura y dispensario de Fresh Flowers en Cidra.

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