Según el reglamento de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), los donativos hechos por una persona natural no excederán $2,800, sin embargo, el testigo no pudo precisar cantidades a preguntas del abogado defensor.

El contratista, convicto por corrupción, Oscar Santamaría Torres, hizo donaciones contributivas a la campaña política del alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, de $50,000 y $10,000, pero en la Consulta de Donantes de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) solo aparecen $5,000 reportados.

Las confesiones de violación de Ley Electoral ocurrieron en el contrainterrogatorio al que el licenciado Osvaldo Carlo Linares sometió al testigo durante el juicio por conspiración, soborno y extorsión contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero. Santamaría admitió las donaciones por encima de la ley, pero no precisó detalles. Sin embargo, Carlo Linares hizo referencia a dos eventos en el 2020 para recaudación de fondos: uno en “La Casona» y otro en “El Olivo».

En estas dos actividades, Santamaría Torres, presuntamente, aportó $50,000 y $10,000 que se pasaron a nombre de otras personas, lo que también es una violación a la ley de financiamiento de campañas. Según el contrainterrogatorio, los donativos fueron entregados a miembros de la campaña política de Romero Lugo, incluyó al anterior vicealcalde de San Juan, Alberto Escudero, que renunció espontáneamente en septiembre de 2022 “por razones estrictamente profesionales”.

El Registro de Donantes de la OCE refleja que Santamaría donó $2,500 en efectivo al Comité del alcalde de San Juan, Romero Lugo, y otros $2,500 al Comité Municipal San Juan del Partido Nuevo Progresista (PNP). El primer donativo se realizó el 17 de julio de 2020, y el segundo se efectuó el 23 de julio del mismo año.

Durante el juicio, Santamaría Torres dijo que hace aportaciones a campañas políticas desde 1996. Pese a que realizar estas contribuciones no es ilegal, existe una cantidad máxima estipulada por ley. El abogado Carlo Linares le preguntó a Santamaría Torres si “se mantuvo en el margen de la ley y después se alejó de ese margen” en sus actividades de donativos políticos, y el testigo contestó: “sí”.

Asimismo, Santamaría Torres indicó que prefería pagar en efectivo, específicamente para que su nombre no pudiera ser mencionado en la prensa porque, a su juicio, se había creado un aura de ilegalidad al acto de hacer donativo políticos. El testigo comentó que del comité de Romero Lugo llegaron a comunicarse con él para cuadrar los donantes a los que se adjudicaría el dinero que realmente venía de él. Estableció también que San Juan y Guaynabo eran los dos municipios más importantes para sus intereses de contratos públicos en el área de manejo de desperdicios sólidos.

El abogado defensor pareció traer esa información porque Santamaría Torres se había quejado de que San Juan no le había dado negocio y la teoría de defensa es que el dinero que el testigo dio a Pérez Otero eran donativos políticos que no estaban condicionados a que el acusado le diera negocio público al testigo. Carlo Linares sacó la información de los informes del Negociado Federal de Investigaciones sobre las entrevistas que hizo a Santamaría Torres como parte de su cooperación.

Según reglamento de la OCE, los donativos por una persona natural no excederán $2,800. De igual manera, el partido político o algún comité autorizado, “no tiene que identificar un donante (conocido o anónimo) que done $50 o menos en un acto político colectivo”.

Sobre los donantes, la OCE exige que los comités registren: nombre y apellidos, dirección postal o física, número de licencia de conducir o de tarjeta electoral u otra identificación emitida por el gobierno federal o estatal que incluya nombre y apellidos, foto, firma, dirección y código de seguridad.

La directora de la división de Asuntos Legales de la OCE, Sarah Rodríguez, confirmó esta información cuando compareció en el juicio de Pérez Otero como parte de los testigos de la fiscalía. Rodríguez aseguró que el máximo a donar en efectivo es $2,800, y que de recibir “cash”, el candidato no puede gastar ese dinero de inmediato sino que tiene que ponerlo en su cuenta y de ahí usar cheques para cubrir gastos.

El contralor electoral, Walter Vélez Martínez, estuvo en sala presenciando el testimonio, pero no quiso emitir comentarios sobre el tema, aunque aseguró que, al terminar el proceso judicial, emitirá sus declaraciones.

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