Se anunció el establecimiento formal de la entidad sin fines de lucro “El otro Puerto Rico” (EOPR) para combatir el problema de desplazamiento.

Con el objetivo de establecer un muro de contención contra el acaparamiento desmedido de propiedades por parte de inversionistas, así como el auge de los arrendamientos a corto plazo sin regulaciones, hoy se anunció el establecimiento formal de la entidad sin fines de lucro “El otro Puerto Rico” (EOPR) integrada por residentes, comerciantes y liderato comunitario preocupado por el problema de desplazamiento y disloque en la economía que estas acciones han causado.

“No solo queremos denunciar el problema y sus causas, también queremos hablar de soluciones y alternativas para atender de manera integral esta crisis de vivienda accesible que no tiene precedentes en nuestra historia. Para lograrlo, hoy anunciamos la creación de un Fondo de Inversión Social cuyo capital inicial es de $1 millón de dólares pero que esperamos aumente su alcance con donativos individuales y de entidades comprometidas con esta causa. Nos proponemos utilizar dicho fondo, que será debidamente auditado, para sufragar tres programas a ser desarrollados por fases”, explicó el licenciado Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo de la organización, quien reiteró el derecho a una vivienda digna, segura y económicamente accesible que todo puertorriqueño debe tener.

La primera de estas iniciativas consiste de un programa de arrendamiento a largo plazo basado en la compra y rehabilitación de propiedades en estado de desuso o abandono, con el fin de alquilarlas a familias o individuos con cánones de arrendamiento justos, que se ajustarán al nivel de ingresos que exista en la comunidad y el municipio en el que EOPR esté operando.

El segundo programa es la Incubadora de Vivienda Cooperativa. Esta iniciativa persigue la compra y rehabilitación de propiedades de vivienda al mismo tiempo que se educa a los participantes del módulo cooperativista con el fin de que el edificio y sus socios constituyan una cooperativa de vivienda. A largo plazo, la organización se propone, además, crear un banco comunitario con capacidad de financiar proyectos de vivienda de otras organizaciones que quieran ampliar el impacto en sus comunidades para garantizar una alternativa de vivienda accesible.

De acuerdo con el director ejecutivo de EOPR, además de impulsar la derogación de la Ley 22 es necesario establecer una serie de medidas para lograr una mayor transparencia en los datos sobre la adquisición de propiedades y reglamentar la compra y arrendamientos a corto y largo plazo por parte de personas del exterior ya que esta situación no solo ha encarecido las propiedades de alquiler sino que ha elevado el costo de las propiedades a la venta, tanto residenciales como comerciales , a precios que resultan inaccesibles para el puertorriqueño promedio.

“Lo que comenzó como una amenaza en zonas costeras y turísticas, hoy lo vemos manifestarse en múltiples centros urbanos como es el caso de Rio Piedras donde en solo dos calles ya estos inversionistas han comprado 14 edificios desde en poco más de un año” enfatizó Ortiz Menchaca, quien resaltó el efecto multiplicador creado tanto en costos de viviendas como en la adquisición de bienes de consumo en las zonas impactadas.

Por otra parte, el hecho de que los arrendamientos a corto plazo no sean considerados una actividad comercial impacta directamente las arcas fiscales, de acuerdo a la economista Martha Quiñones, presidenta de la Asociación de Mujeres Economistas.

“Pasamos por alto que dichos inversionistas no pagan impuestos estatales ni municipales. Mediante el pago de contribuciones, el resto de los residentes nos vemos obligados a asumir los costos del mantenimiento de infraestructura, el recogido de desperdicios y la seguridad que ellos utilizan, entre otros servicios municipales y estatales. A esto se suma que la falta de viviendas para alquiler afecta directamente a las mujeres jefas de familia. Los efectos económicos y sociales del desplazamiento tienen rostro de mujer”, enfatizó Quiñones.

Para el planificador y arquitecto Pedro Cardona Roig, mejor conocido en las redes sociales como El Urbanista, “el acaparamiento de propiedades puede conducir a la gentrificación, la falta de vivienda, un efecto negativo en la economía y degradar la calidad de vida de las comunidades históricas de Puerto Rico. Ante este escenario, es imperativo traer estos temas a discusión pública. Necesitamos un enfoque integral y colaborativo que reconozca la importancia de los ciudadanos y las comunidades ante este reto.”

El licenciado Ortiz Menchaca presentó además una herramienta digital denominada Archivo Colaborativo sobre Desplazamiento en el que las comunidades podrán incorporar información clave relacionada a situaciones de acaparamiento y por consiguiente, desplazamientos por zonas geográficas utilizando la tecnología de Google Earth.

“Ya estamos en conversaciones con líderes comunitarios de diferentes partes de la isla para que la conozcan y la utilicen como herramienta de actualización de datos a la vez que sirve de referencia para que el liderato político, los medios y los profesionales relacionados a analizar estos temas puedan apreciar el impacto a nivel de todo Puerto Rico. Es un problema que nos atañe a todos y que lo vas a sentir muy cerca, si no te ha ocurrido ya”, reiteró el líder de EOPR.

Ortiz Menchaca hizo un llamado a todos los ciudadanos y organizaciones que se han visto afectados para que “se unan en un frente común y juntos poder impulsar política pública, fortalecer el Fondo de Inversión Social y activarnos en diferentes foros y acciones concertadas para detener el acaparamiento desmedido que nos pretende dejar sin otra opción que abandonar el País. Esa no puede ser la alternativa”.