El gobernador se reunió ayer con directivos del organismo en La Fortaleza para abordar el asunto, que implica definir el futuro de cerca de $240 millones anuales para los municipios.

El director ejecutivo del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua Látimer, informó ayer que el organismo busca sustituir el impuesto al inventario -que constituye $240 millones anuales para los ayuntamientos-, tras reclamos de la clase empresarial de la Isla.

Las expresiones de Paniagua Látimer, quien afirmó que «aquí hay que hablar de sustitución, no se puede hablar de eliminación (del impuesto al inventario), se dieron posterior a una reunión de la directiva del CRIM con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en La Fortaleza.

El funcionario afirmó que los recaudos de $1,100 millones que allega el CRIM anualmente se verían afectados por un «boquete» de $240 millones anuales.

Horas antes, el mandatario había hecho unas declaraciones sobre el asunto: «Yo le he pedido a la junta del CRIM específicamente que evalúe la forma y manera de eliminar el impuesto al inventario o modificarlo sin que se afecten adversamente las finanzas municipales».

Abundó que «lo que están buscando es la forma de cambiar la imposición del impuesto al inventario para que no sea tan oneroso, sin que nuevamente se afecten significativamente las finanzas municipales», ya que según el primer ejecutivo del país los municipios «están teniendo dificultad ante todos los recortes que han experimentado, que han enfrentado en años recientes».

Junto con exponer que los municipios «rinden servicios esenciales y no queremos afectarlos, así es que esto se trata de un balance», Pierluisi Urrutia declaró que «hay que entender que el impuesto al inventario es un impuesto municipal y es el CRIM el que lo administra. Lo mismo con las patentes municipales y el impuesto a la propiedad mueble. Esos impuestos están en manos del CRIM, por eso estoy en proceso de reunirme con el equipo de trabajo y sus directivos para buscarle solución a este reclamo, el que ha hecho la clase empresarial de Puerto Rico hace ya muchos años».

Para el gobernador, «cómo modificamos o eliminarlo sin que se afecten adversamente las finanzas municipales es en lo que estamos. Este reclamo es innegable y hay que atenderlo».

Mientras, el portavoz del CRIM indicó tras la reunión que «estamos tratando de hacer un balance entre el reclamo del sector comercial y las necesidades imperiosas que tienen los municipios en este momento».

Ante la problemática, reveló que «se nos ha dado la encomienda de trabajar en una pieza legislativa que va a ser discutida con el gobernador, el secretario de Hacienda, con los municipios, en la que vamos a buscar un área en común en donde encontrarnos el sector comercial y los gobiernos municipales».

Aclaró que «nunca» los municipios han estado en contra de atender este asunto, pero advirtió que «no se puede de golpe y porrazo eliminarlo, creando un desfase en la restructuración de la deuda, el plan fiscal certificado del centro y del gobierno, porque una parte sustancial de estos recaudos ayudan al servicio de la deuda».

En cuanto a la posibilidad de eliminar el impuesto al inventario, dijo que sería un «golpe mortal, del cual no se podrían recuperar los municipios».

Explicó, sin embargo, que el reclamo del sector comercial «era eliminar la recurrencia de este impuesto año tras año por un mismo artículo que no se vendiera a final de año y que se mantuviera en el inventario. Lo que estamos buscando es una manera de que se reduzca dramáticamente el costo de hacer negocio de los comercios en Puerto Rico, pagando por ese artículo una sola vez luego de haberse vendido. Trabajar con inventario vendido».

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