El proyecto 114 buscaba evitar la presión que ejercen figuras de poder, como jefes de agencias o alcaldes, para lograr la contrataci­ón de parientes fuera de las dependenci­as en las que trabajan.

Un ejemplo para explicar lo que buscaba el proyecto del Senado 114 y que fue rechazado en el alto cuerpo: evitaba que un legislador contratara al hijo de un alcalde y que ese alcalde contratara a la esposa del legislador.

La medida, de la senadora Joanne Rodríguez Veve atendía por primera vez el denominado «nepotismo cruzado», práctica en la que, según la legisladora, «tenemos una vasta experiencia en Puerto Rico».

Sin embargo, la pieza fue derrotada en la sesión de hoy.

La normativa actual ya prohíbe el nepotismo, pero solo en relación a la contratación de un familiar directo.

«El proyecto 114 hace falta para atajar aún más la corrupción y porque es importante que las personas sean contratadas respetando el principio de mérito», dijo en la sesión ordinaria Rodríguez Veve y previo a la votación.

Al final, la primera medida sometida por Rodríguez Veve tras juramentar en el Senado recibió 12 votos a favor y diez en contra (cinco senadores no votaron).

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) presente votó en contra, mientras el Albert Torres Berríos fue el único legislador del Partido Popular Democrático (PPD) que tampoco apoyó el proyecto.

El resto de la delegación del PPD, así como el resto del los partidos (PIP, Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana) y el independiente José Vargas Vidot, respaldaron la medida.

La pieza legislativa pretendía establecer la “Ley de Refuerzo para Eliminar el Nepotismo en el Servicio Público”, a los fines de reafirmar una política pública en contra del nepotismo en el gobierno, con énfasis en el nepotismo en su modalidad cruzada, y enmendar Ley 8 de 4 de febrero de 2017 (“Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”).

También incluía establecer como prioridad la prevención del nepotismo como práctica en el gobierno de Puerto Rico y enmendar la Ley 1 de 2012 (“Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”), para dar mayores restricciones y controles para evitar el nepotismo, incluyendo el cruzado, y establecer las respectivas penalidades.