Mensajes de texto, correos electrónicos y testimonios atan a la exgobernadora con la negociación para despedir al Comisionado de Instituciones Financieras a cambio de encuesta política.

La evidencia con la que cuenta la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en su investigación contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced incluye mensajes de texto, correos electrónicos y testimonios como el del contratista, y agente político del Partido Nuevo Progresista (PNP), John Blakeman III.

Fuentes de NotiCel indicaron que tanto Blakeman III como una ejecutiva del banco Bancrédito International Bank & Trust, y el inversionista residente bajo la Ley 60 (antes Ley 22) Fahad Ghaffar cooperan con el caso cuyos acusados serían Vázquez Garced y el fundador de Bancrédito, Julio Herrera Velutini. Tanto Blakeman como la ejecutiva ya fueron procesados y sus casos se mantienen sellados para proteger la investigación y su participación como cooperadores.

NotiCel se comunicó con Blakeman y Ghaffar y no estuvieron disponibles para comentar. Una demanda civil que todavía está pendiente en el Tribunal de Primera Instancia alega que Ghaffar se ufanó de sus conexiones con la Administración Vázquez Garced porque regaló a su esposo un vehículo BMW lujoso siendo este juez. El licenciado Jorge Díaz Reverón ha negado esto, aunque una investigación de la Oficina de Administración de Tribunales expuso que ofreció declaraciones falsas sobre el trámite.

Ayer, la exgobernadora y sus abogados confirmaron su expectativa de que tan pronto como la semana que viene se podría concretar una acusación en su contra y definieron el delito imputado como uno «técnico» resultante de que supuestamente Vázquez Garced se habría beneficiado de una encuesta política como un donativo ilegal. Defendieron también que contra su clienta no había grabaciones en video como se han visto en los casos recientes de alcaldes.

Pero lo que ha podido confirmar NotiCel con varias fuentes es que el ámbito del caso es más amplio e involucra que la encuesta sufragada por Herrera Velutini estuvo acompañada de la exigencia específica de que sacara de su cargo al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Richard Joyner Kelly, porque el ejecutivo de Bancrédito lo consideraba un obstáculo para su intención de que ese banco, que opera bajo las regulaciones aplicables a bancos extranjeros, pudiera ampliar sus negocios en Puerto Rico.

Herrera Velutini se encuentra en Inglaterra, desde donde mantiene una red de conexiones y una fortuna, estimada en un momento en $1,600 millones, con la cual se espera que combata cualquier esfuerzo del Gobierno de los Estados Unidos de traerlo a Puerto Rico para responder por los cargos. Esto anticipa que Vázquez Garced, y cualquier otro acusado, prosiga con el proceso por su cuenta. De hecho, el representante legal de la también exsecretaria de Justicia, Ignacio Fernández De Lahongrais, dijo que la intención de su clienta no es hacer una negociación sino enfrentar juicio porque entienden no se configuró el delito porque su campaña no habría tenido nada que ver con la encuesta ni la habría recibido o usado.

Sin embargo, es precisamente un «quid pro quo», -el dar, o prometer dar, algo de valor a un funcionario público a cambio de que realice, o que no realice, un acto oficial-, lo que daría jurisdicción a las autoridades federales. Por este requerimiento legal es que la acusación abarca el trueque que le costó el cargo a Joyner Kelly, quien ahora reside en Florida. Vázquez Garced estuvo en una reunión en la que se discutió este trueque, según una fuente.

El 6 de marzo de 2020, Vázquez Garced anunció que le había aceptado la renuncia a Joyner Kelly pero, inmediatamente, el funcionario aclaró al diario El Vocero que había ocurrido un «retiro de confianza» por parte de la mandataria y que por eso estaba en la «obligación de dimitir».

En la Administración Fortuño, Joyner Kelly había servido como director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV).

Si Vázquez Garced opta por atender mediante juicio cualquier delito que se le impute, la fiscalía federal tendría la oportunidad de introducir lo que coloquialmente se llama «prueba de actos malos previos» (prior bad acts). Esta prueba, que el juez puede permitir que se presente como parte del desfile principal de fiscalía o para impugnar el testimonio de la acusada si decide tomar el banquillo de los testigos en su defensa, puede referirse a actos ilegales o sospechosos previos de la acusada aunque estos no hayan sido objeto de una radicación de cargos o algún proceso formal. Lo importante es que tiendan a demostrar un mismo modus operandi o una misma intención criminal.

Según publicó NotiCel en julio de 2020, los informes de ingresos y gastos de la campaña de Vázquez Garced radicados en la Oficina del Contralor Electoral dan cuenta de que el 11 marzo de ese año la entonces gobernadora realizó un acto en el que recaudó $25,000 en efectivo de parte de operadores de tragamonedas y dos meses después, en mayo de 2020, la Compañía de Turismo emitió dos reglamentos que los operadores habían pedido que se emitieran y que todavía hoy son objeto de impugnación judicial y de una orden de suspensión de la Junta de Supervisión Fiscal.

Vea:

Gobernadora recoge $25,000 en efectivo del sector de tragamonedas

Encuesta política al centro de investigación contra Vázquez Garced, quien se defenderá en juicio