El contratista involucrado en la pesquisa federal contra varios alcaldes se mueve entre identidades corporativas, a veces, varias en la misma transacción.

El contratista involucrado en la pesquisa federal contra varios alcaldes, Oscar Javier Santamaría Torres, usa múltiples frentes corporativos para llevar a cabo transacciones. Incluso, en ocasiones usa más de un frente en la misma transacción, como lo detalla una demanda.

Este movimiento a través de entidades corporativas deja en duda si el licenciado realmente se desvincula de las corporaciones, como representó recientemente en el Departamento de Estado cuando, en aparente anticipo a la develación de un caso criminal federal en su contra, notificó que había abandonado entes que tienen contratos con el gobierno. Estas corporaciones no podrían seguir con sus contratos públicos si Santamaría Torres resulta convicto mientras está vinculado a ellas.

La acusación federal por la que se declaró culpable el exalcalde de Catañó, Félix Delgado Montalvo, el 30 de noviembre establece que Santamaría Torres pagaba $2,000 semanales en efectivo al funcionario a cambio de asegurar contratos para su empresa, Waste Collection. A la vez, otra demanda establece que Waste Collection pagaba entre $46,000 y $56,000 mensuales a la empresa J.R. Asphalt, otro suplidor con contratos en el municipio que también pagaba sobornos al alcalde.

La forma en que Santamaría Torres utiliza sus frentes corporativos queda también expuesto en otra controversia que se mantiene en tribunales sobre la operación de una gasolinera, panadería y «mini market» en Caguas.

En agosto de 2019, La Jibarita Bakery LLC demandó a Blue Point Corp., una empresa que Santamaría Torres creó en 2009 y que el Departamento de Estado canceló, precisamente en 2019, por no someter informes anuales.

La demanda giró en torno a un contrato de arrendamiento para una gasolinera ubicada en Caguas que La Jibarita alquiló a Blue Point con un arreglo bajo el que ambas corporaciones se comprometían a realizar trámites y mejoras para que el negocio funcionara como gasolinera y tienda de conveniencia. Una de las cosas que produciría Blue Point eran los permisos de operación para la venta de gasolina.

Al relatar al tribunal los hechos, La Jibarita sostuvo que, aunque el acuerdo original era con Blue Point, Santamaría Torres suscribió una enmienda al acuerdo bajo la identidad corporativa de Waste Collection LLC y ordenó que los pagos de la renta y servicio de agua se hicieran a nombre de Santamaría Corp.

Waste Collection es la empresa de Santamaría Torres que mantiene múltiples contratos públicos por desperdicios sólidos y, pertinente a la pesquisa federal, es la que inició y creció su contratos en el Municipio de Cataño bajo la incumbencia de Delgado Montalvo.

Con la enmienda al acuerdo, Waste Collection se comprometía con La Jibarita a conseguir los permisos pero «ni Blue Point Corp., ni Waste Collection Corp, ni Santamaria LLC; todas representadas por el Lcdo. Oscar Santamaría Torres, ya sea en calidad de agente residente, presidente o persona autorizada cumplieron con su obligación de proveer a la parte demandante de los permisos y/o la tramitación de permisos necesaria para la operación de la gasolinera», según la demanda.

«La parte demandada le sugirió a la parte demandante que vendiera gasolina en el referido negocio, aunque no tuviera los permisos, lo que fue rechazado de plano por la demandante», se alegó en el pleito que luego fue desestimado porque el tribunal concluyó que La Jibarita tampoco había cumplido con algunos elementos de su parte del negocio.

El esquema que desplegó Santamaría Torres llama la atención porque, a pesar del uso de otros frentes, el pago del dinero debía ser remitido a Santamaría Corp., la que es una empresa que no aparece con contratos públicos, por lo que permanece fuera del escrutinio público.

Según los informes financieros sometidos a Estado, esa corporación creció su valor de $151,000 al momento de su creación en 2010 a $1.8 millones en 2020.

Igual que ocurrió con Waste Collection y con otras entidades asociadas a Santamaría Torres, Santamaría Corp. sometió documentos a Estado a fines de noviembre para notificar cambios en su estructura corporativa. En ambas, se instaló como presidente al licenciado Luis R. Mayoral Reichard quien maneja esas empresas a la vez que se mantiene como miembro del bufete Law Max PSC, el que tiene contratos vigentes con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).

Santamaría LLC mantiene una demanda de desahucio activa contra el dueño de La Jibarita.

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