Se le imputa traficar con una propiedad que no era propiedad suya, sino de una sucesión.

El designado a la dirección ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Jorge Droz Yapur, enfrenta una demanda federal por daños y falsa representación en el trámite de la venta de un terreno que no le pertenecía totalmente sino a una sucesión de herederos de la que era parte.

El mismo terreno fue parte de un pleito a nivel local y la imputación base, que Droz Yapur hizo transacciones con propiedad con la que no debía hacer transacciones, es similar a la imputación de fraude que enfrentó durante un proceso de quiebra personal en 2020.

La demanda federal por la venta de la propiedad Pelayo #51 en Puerta de Tierra la radicó el 9 de enero de este año Esteban Figueroa Robles, pero los emplazamientos no han sido expedidos porque el abogado que lo representa no está autorizado a practicar en el foro federal y el juez tiene pendiente posibles sanciones contra el abogado. La controversia con el abogado no tiene que ver con las alegaciones en la demanda.

Según el escrito, Figueroa Robles es un residente de Nueva York que desde el 29 de junio de 2016 tiene firmado un contrato de opción de compra con Droz Yapur para la propiedad de Puerta de Tierra por $105,000. El contrato obligaba a un pago de $5,000 para mantener la opción por 180 días, la misma cantidad para posponer el plazo por 180 días adicionales, pago de $1,000 anuales para seguro de la propiedad y por lo menos $4,000 en arreglos. Las partes acordaron posponer la opción hasta 2019 y Figueroa Robles invirtió $40,000 en mejoras así como que consiguió un préstamo de la Administración federal de Pequeños Negocios para reparar la estructura después del paso del huracán María, pero en 2020 Droz Yapur no le honró la opción.

Fue ahí que Figueroa Robles se enteró que Droz Yapur no era el dueño único sino que era una sucesión y que, incluso, había un pleito en el Tribunal de Primera Instancia para nombrar un tutor judicial para uno de los miembros de la sucesión por lo que la propiedad no se podía vender. El propio abogado del designado a la ATM le dijo que “[d]icho contrato de opción es nulo y por lo tanto carente de consecuencias legales». «El Compareciente no podía opcionar Pelayo 51 a favor del Sr. Figueroa Robles o favor de nadie. El no es su dueño. Es únicamente un cotitular hereditario en un 25%”, añadió.

Figueroa Robles entabló entonces el pleito federal reclamando pago de $189,000 y de $1 millón en daños.

También en el 2020, la síndico de quiebras Noreen Wiscovitch Rentas demandó a Droz Yapur imputándole fraude por vender una casa en la urbanización Bosque del Lago, en Trujillo Alto, sin notificarlo en su caso de quiebras, lo que constituye fraude a sus acreedores. Esa demanda se resolvió cuando Droz Yapur aceptó un plan de pago cuyo último plazo fue en febrero de 2021.

Al momento de estos hechos, Droz Yapur tenía un contrato con la Autoridad para el Distrito del Centro de Convenciones, la misma corporación pública que dirigía la hoy secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales.

De hecho, García Bardales ha sido la defensora principal de la designación de Droz Yapur ante los cuestionamientos por su caso de quiebras.

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